Los autodenominados periodistas incómodos y la maquinaria de comunicación oligarca dicen que se les ha coartado muchísimas veces la libertad de expresión, que no pueden expresar libremente su pensamiento y que son perseguidos por ello.
La libertad de expresión está contemplada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y considera el respeto hacia las ideas y los pensamientos de los demás, pero siempre en el marco del respeto, la consideración y la ley. Es que insultar no es libertad de expresión. Entiendo que algunas personas tienen un léxico limitado y que se les dificulta expresarse sin maldecir o utilizar palabras altisonantes e insultos, pero una cosa es decir que estás en contra de alguien a insultarlo, a insultarle a la familia, a desearle la muerte, etcétera.
La libertad de expresión es «expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier medio de reproducción». El artículo 6 de nuestra Carta Magna es clara al respecto: «Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás». Insinuar o fomentar un golpe de Estado, por ejemplo, atenta contra el orden público; insultar a alguien lesiona la moral de esa persona; inventar equis situación para dejar mal parado a alguien ante la sociedad lesiona el honor de esa persona, incluso puede ser tipificado como delito.
La libertad de prensa es más específica y obviamente va dirigida a la prensa en general; es parte esencial para la construcción de un Estado de derecho, pero de igual forma debe de ser respetuosa, con una información fehaciente. Pero si los periodistas, además de malcriados, son mentirosos, pues lo menos que se puede hacer es desmentirlos. Nuestros funcionarios han tenido mucha paciencia, porque en el país hay periodistas que no tienen un perfil acorde con su profesión. En nuestra sociedad y en todas las sociedades del mundo existen normas, reglas y leyes que buscan armonizar la convivencia y las relaciones humanas en todos los sentidos, y parte del Estado de derecho que ellos cuestionan es someterse a esas leyes. Irónicamente, todos deben someterse menos ellos.
¿Cuántos periodistas están detenidos por hacer sus notas falsas? Ninguno, aunque más de alguno debería estarlo, no tanto por sus reportajes amarillistas, sino porque, al irse a vivir con estructuras terroristas durante un año, de una u otra forma es inevitable la participación en su cotidianidad, la cual está llena de múltiples crímenes.
Desmentirlos no es silenciarlos. Si estuvieran silenciados ni se podrían quejar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y está bien que lo hagan. Cualquier persona que se sienta agraviada o que crea que se ha afectado su esfera de derechos puede hacerlo, pero no hace falta ser un iluminado para saber cuándo hay una manipulación. Esos periodistas que en realidad son activistas políticos pueden decir lo que quieran, pero hasta ellos saben que es imposible que cambien el 95 % de aprobación al régimen de excepción. Y es que, sin dudarlo, las acciones valen muchísimo más que las palabras.
