Por muchos años El Salvador se mantuvo como uno de los países más peligrosos del mundo y es que dentro de los homicidios diarios que cometían las pandillas, entre las víctimas estaban incluidas las fuerzas de seguridad, incluso para el 2015, uno de los años más violentos del país las autoridades llegaron a registrar más de 65 policías asesinados en enfrentamientos contra pandillas o ataques directos de estas.
El Salvador vivió uno los períodos más críticos de violencia cuando gobernó el FMLN, solo en la gestión del expresidente prófugo Salvador Sánchez Cerén hubo más de 2,280 enfrentamientos entre pandillas y fuerzas de seguridad, los cuales dejaron un saldo fatal de muertes de agentes policiales. Cifras oficiales detallan que para el 2016 se registraron 48 asesinatos de policías, 46 en 2017 y 34 en 2018, muchos de estos murieron en ataques armados de las maras.
Mientras que, durante el gobierno del corrupto Mauricio Funes, a pesar de la famosa «tregua» entre pandillas, las cifras de agentes policiales asesinados ascendieron a 20 en 2011, 14 en 2012, 13 en 2013 y 39 en 2014, varios de estos en ataques de maras.
La mayoría de las muertes de policías registradas en los últimos años son atribuidas a las pandillas, que los atacaron en sus días libres en las comunidades donde vivían o, cuando iban o salían de trabajar y también en tiroteos con esos grupos. Las fuerzas de seguridad no contaban para entonces con herramientas ni equipo para realizar su trabajo, eran fácilmente vulnerables y un gran porcentaje pidió atención a los gobiernos para protección básica, pero esto fue en vano.
Golpe de timón en junio de 2019
Estos crímenes, que perduraron por muchos años en El Salvador, no disminuyeron hasta el 2019 y desde entonces poco a poco las autoridades policiales y de la Fuerza Armada han estado más seguras y no han tenido que pasar por los fatídicos enfrentamientos con estructuras delictivas. Además, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada han sido reequipadas con moderno equipo y armas. Las autoridades atribuyen este descenso de ataques armados a la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas en el país por el actual gobierno del presidente Nayib Bukele.
Según datos de las autoridades, entre el 2015 al 2017 las fuerzas de seguridad estuvieron más amenazadas por las pandillas y es que en el 2015 hubo 493 enfrentamientos contra pandilleros, para el año siguiente se registraron 649, a ritmo de dos por día, y en el 2017 hubo 539 ataques.
Mientras que para el 2018, estadísticas oficiales suman 344 enfrentamientos, en 2019 hubo 294; para el 2020 las autoridades reportaron una disminución de estos actos violentos con 181 casos, para el 2021 se acumularon 105 ataques y para el año pasado solo 171, por lo general con saldo negativo para los terroristas.
Estas bajas en la cantidad de enfrentamientos también se evidencian en la disminución de homicidios de miembros las fuerzas del orden, ya que desde en el 2019 las autoridades reportaron 29 crímenes, 13 para el 2020 y 5 para el 2021.
Estrategia contra las pandillas
Las estructuras delictivas, MS13 y pandillas, tuvieron por muchos años dominados varios municipios y barrios de El Salvador, en buena medida arropados por los gobiernos del FMLN o de ARENA,y parte de su represalia y petición de atención fue hacia las autoridades, a quienes a través de los homicidios mostraban su poder.
Desde el 2019 el gobierno de Bukele implementó su plan insignia de seguridad, denominado el Plan Control Territorial con el cual las autoridades lograron ponerse un paso delante de las maras, sin embargo, el año pasado, con el régimen de excepción fue el que finalmente las autoridades lograron parar el accionar delictivo y es que hasta ahora solo hay un remanente del 20% de grupos terroristas.
Caso contrario a cuando homicidios de las fuerzas de seguridad quedaban en impunidad, ahora las autoridades han enfrentado y retado a las maras que cometen crímenes. «Siguen tratando de desafiar a la autoridad. Estamos listos para responderles. Solo les espera la cárcel o la muerte», aseguró recientemente el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Una de las maneras con las que las actuales autoridades han castigado a las pandillas son los cercos de seguridad. Por ejemplo, en mayo pasado, tras el cobarde ataque armado de pandilleros hacia un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Maximino Antonio Vásquez Rodríguez, de 52 años, que le provocó la muerte, el presidente Bukele ordenó instalar un cerco de seguridad con 5,000 soldados y 500 policías en Nueva Concepción, Chalatenango.
«Ante el homicidio ocurrido ayer, de un agente de nuestra PNC, por parte de pandilleros que aún se encuentran en algunos sectores de nuestro país, escondidos, huyendo del régimen de excepción… Desde esta madrugada (ayer), establecimos un cerco de seguridad alrededor del municipio de Nueva Concepción, Chalatenango en búsqueda de los responsables del homicidio y toda la estructura de pandilleros y colaboradores que aún se esconden en ese lugar», publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.
«¿Ven por qué debemos continuar con el Régimen de Excepción hasta terminar por completocon esta peste? Este cobarde asesinato no quedará impune. Los haremos pagar caro lo que hicieron», publicó el presidente.
El Gabinete de Seguridad ha reiterado que los pocos crímenes de policías cometidos por pandillas o contra personas inocentes no quedarán en la impunidad ni habrá piedad para los responsables.
«Los pandilleros, no saben hacer otra cosa, que no sea, asesinar cobardemente, por eso seguiremos buscándolos hasta encontrarlos y que todos estén enfrentando la justicia. La vida de nuestras fuerzas del orden se respeta», ha dicho el ministro de Defensa, René Merino Monroy.