El Tribunal Tercero de Sentencia exoneró por el delito de lavado de dinero a ocho miembros de la familia Flores Batres, originaria de San Francisco Gotera, Morazán, a quienes la Fiscalía General de la República acusaba por el delito de lavado de dinero.
De forma unánime el tribunal resolvió que no se demostró en el juicio que hayan lavado los $12,583,000. Además, con las pruebas no se pudo establecer un delito precedente que determinara que el dinero era ilícito.
En el juicio, el ministerio público dijo que la investigación comenzó el 5 de julio del año 2012, cuando Jaime Adalberto Flores Batres y Sonia Maricel Amaya Márquez, fueron intervenidos por agentes antinarcóticos en el Aeropuerto Internacional de El Salvador cuando viajaban hacia Lima, Perú, con $196,500.
En la vista pública los fiscales acusaron que entre los miembros de la familia Flores Batres se transfirieron grandes cantidades de dinero que se desconoce la procedencia.
Pero en el fallo emitido, los jueces manifestaron que no basta con que alguien traslade grandes cantidades de dinero para que se configure el delito de lavado de dinero, retomando una sentencia de la Sala de lo Penal.
Los abogados de la defensa sostuvieron en la vista pública que no hubo lavado y que el dinero es producto de las ganancias por negocios realizados en Estados Unidos y en Perú, donde trabajaban en proyectos de construcción.
Los jueces manifestaron que no se probó el blanqueo ya que incluso los acusados cuando ingresaron al aeropuerto declararon el dinero en Aduana, además presentaron documentación del retiro del dinero que hicieron en un banco de San Francisco Gotera.
Los absueltos son: Jaime Adalberto Flores Batres, Rosa Delmy Amaya Márquez, María Verónica Rodríguez Rivera, Sonia Maricel Amaya Márquez, Sandra Yasmín Flores, Rosa Batres Viuda de Flores y María Brígida Márquez.
Cabe señalar que toda la investigación de este caso fue iniciada por fiscales designados por el exfiscal Douglas Meléndez.
Y según trascendió en la lectura del fallo, hubo errores desde la cadena de custodia de determinadas pruebas que implicaban a las personas que ya están en libertad.
