El analista Geovani Galeas afirmó ayer que la lucha en contra de la corrupción en El Salvador debe continuar, con la finalidad de recuperar el dinero que ARENA y el FMLN le robaron al pueblo salvadoreño durante sus 30 años de gobiernos.
«Si recuperáremos aunque sea la mitad de lo robado por ARENA-FMLN y sus secuaces, pagaríamos toda la deuda del país y aún nos sobraría para hospitales y escuelas. No paremos», escribió Galeas en su cuenta de la red social X.
La guerra contra la corrupción inició el 1.º de junio pasado y fue anunciada por el presidente Nayib Bukele en el discurso en la Asamblea Legislativa, con motivo de la finalización de su cuarto año de gestión e inicio del quinto.
Mientras el gobernante daba este anuncio, la Fiscalía General de la República (FGR) allanó varias propiedades de Alfredo Félix Cristiani Burkard, presidente de la república de 1989 a 1994 con la bandera del partido ARENA. Hasta la fecha, las incautaciones efectuadas suman $85 millones.
Cinco días después de iniciados los allanamientos, la FGR presentó en tribunales una acusación penal en contra de los imputados por el asesinato de los sacerdotes jesuitas, hecho perpetrado el 16 de noviembre de 1989 por la vieja Fuerza Armada, de la cual Cristiani Burkard era el comandante general.
La Fiscalía aseguró que las investigaciones determinaron que el presidente tricolor estuvo en la reunión donde se coordinó y autorizó la masacre de los sacerdotes jesuitas en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Cristiani no es el único exmandatario de ARENA procesado: a la lista se suman Francisco Flores y Elías Antonio Saca. Flores, presidente de 1999 a 2004, fue investigado porque desvió $10 millo
nes que Taiwán donó para atender a los damnificados de los terremotos de 2001. Saca fue condenado por el desvío de al menos $300 millones de fondos públicos hacia su patrimonio personal y familiar en su mandato, de 2004 a 2009.
El FMLN gobernó por 10 años (20092019) con Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén. Ambos huyeron hacia Nicaragua, pero son reclamados por la justicia salvadoreña por el millonario desvío de fondos públicos.
