Los partidos ARENA y FMLN gobernaron El Salvador por 30 años, tiempo en el que no purgaron a sus funcionarios cuando incurrieron en actos de corrupción con fondos públicos ni tampoco denunciaron sus casos ante las autoridades para que los procesaran ante la justicia.
Por ejemplo, ARENA encubrió la corrupción del expresidente Francisco Flores, quien utilizó los $10 millones que donó Taiwán en 2001 y los desvió a cuentas del partido tricolor para financiar la campaña presidencial de Elías Antonio Saca, su sucesor. Esos fondos eran para atender a los damnificados por los terremotos que asolaron al país el 13 de enero y el 13 de febrero de ese año.
Flores fue procesado penalmente por el fiscal general de la república Luis Martínez después de casi 10 años de haber finalizado su período presidencial. El entonces presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (Coena), Jorge Velado, reconoció que el partido fue el destinatario de la donación taiwanesa.
Ese partido también guardó silencio sobre los actos de corrupción cometidos por Saca con la popularmente conocida partida secreta de Casa Presidencial. En 2009, Saca fue expulsado del tricolor y capturado en octubre de 2016, siete años después de haber finalizado su mandato. Saca fue procesado por la administración del fiscal general Douglas Meléndez y acusado de sustraer más de $300 millones de fondos públicos para uso personal y de su familia.
También el FMLN encubrió los actos de corrupción de sus expresidentes. El mismo exsecretario general del partido Medardo González contó en una entrevista televisiva que le recomendaron al expresidente Mauricio Funes que huyera porque en El Salvador las autoridades de Justicia lo querían capturar.
El segundo presidente del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, también huyó de El Salvador después de concluir el quinquenio 2014-2019. Ambos expresidentes de la república con la bandera roja son procesados por actos de corrupción con fondos públicos. Se nacionalizaron en Nicaragua para evitar ser extraditados.
A diferencia de estos partidos tradicionales, el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha combatido los actos de corrupción de los actuales funcionarios, tal es el caso de Nercy Montano, alcaldesa de Nuevas Ideas en el municipio de Soyapango (San Salvador). La funcionaria cian es acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de apropiación indebida de cuotas laborales, incumplimiento de
deberes en perjuicio de la administración pública y malversación de fondos públicos. Estos delitos penales fueron cometidos —según la FGR— en perjuicio de los empleados y del erario de la municipalidad. Montano asumió la silla municipal el 1.º de mayo pasado, después de haber derrotado en las urnas al partido ARENA.
Para los analistas René Martínez y Óscar Peñate, la captura de la alcaldesa de Soyapango sienta un precedente importante y envía un mensaje trascendental a los funcionarios de la administración pública. «Los gobiernos pasados lo que hacían era proteger la corrupción y hoy se abre un precedente en El Salvador», mencionó ayer Peñate en el espacio de la Entrevista A:M, de Canal 10.
Por su parte, Martínez enfatizó que Soyapango no merecía a una funcionaria que primó sus beneficios personales por sobre las necesidades de la población. «Soyapango no se merecía una alcaldesa así. Lejos de ser un desgaste para Nuevas Ideas, es un acto de valentía. La diferencia es que con el presidente Nayib Bukele tenemos un plan de nación, no un plan de gobierno. El plan de nación cuenta con el apoyo de la población», agregó.
Ambos destacaron que por primera vez un presidente de la república denuncia a funcionarios corruptos de su misma estructura política y demuestra que ese tipo de acciones no se va a tolerar. También subrayaron la pronta respuesta que el Gobierno dio a la problemática sanitaria en Soyapango, debido a la basura acumulada a causa del paro de labores de empleados municipales que exigían el pago de salario y prestaciones.
