Una de las viejas prácticas de la política tradicional era repartirse las instituciones para llenarlas de activistas y utilizar los presupuestos para financiar el funcionamiento de los partidos o para desviarlos hacia cuentas particulares.
De esa forma, las elecciones de segundo grado se convertían en una distribución y la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, era un ejemplo de ello. La conformación del Órgano Judicial era una extensión de las bancadas parlamentarias: era proporcional al tamaño de las fracciones legislativas.
Lo mismo sucedía con otras instituciones que también eran electas por los diputados. Se repartían para cumplir tal o cual compromiso con los partidos políticos.
El primer reparto de poder que hacían los partidos políticos era la distribución de la junta directiva de la Asamblea Legislativa. Justo después de las elecciones, las bancadas parlamentarias empezaban a hacer valer sus números para exigir puestos y presidencias de comisiones legislativas.
En esto, lo que importaba era cómo se lograba la mayoría simple. Se dio muchas veces el caso de que la bancada con más diputados quedaba relegada en el reparto del poder interno de la Asamblea Legislativa (que además de la junta directiva y de las comisiones también incluía el nombramiento de algunos puestos claves en el área administrativa) porque la segunda con más curules se unía a la tercera y juntos superaban los 43 votos que entonces requería la mayoría simple.
El colmo del hambre de poder llegó cuando se dividió, en varias oportunidades, la duración de la presidencia de la Asamblea Legislativa para satisfacer las exigencias de los socios parlamentarios. Claro, la bancada con más diputados debía ceder para garantizar los votos mínimos para aprobar y reformar leyes. Si no cedía ante el chantaje, perdía la llave del Parlamento.
Ahora, las cosas son muy diferentes. La voluntad del pueblo salvadoreño se expresó claramente en las urnas el 4 de febrero y la representación legislativa de Nuevas Ideas tiene, por sí sola, la mayoría especial, suficiente para aprobar y reformar leyes, aprobar créditos y convenios internacionales y para mantener el régimen de excepción, parte vital en la lucha contra las pandillas.
Sin embargo, la secretaria general del partido VAMOS ha sugerido que su única diputada sea presidenta de la Asamblea Legislativa. La propuesta no tiene lógica política y solo pone de manifiesto que hay organizaciones que mantienen las viejas costumbres de buscar puestos públicos para beneficiarse de los altos salarios.