La enfermedad afectó a muy poca población; al 15 de octubre, el número de confirmados de COVID-19 era de 31,265, menos del 0.5 % de la población. Se ejecutó una política preventiva de salud bastante efectiva. La política de salud curativa ha sido efectiva: el grado de letalidad (muertos) entre confirmados ha sido bajo (2.9 %), casi igual al de EE. UU. (2.8 %). El número de curados en relación con los infectados es bastante alto (83 %), solo superada por Guatemala (87 %) en Centroamérica. La política de mitigación del impacto económico de la enfermedad en la población más necesitada, efectiva y oportuna.
El costo gubernamental extrapresupuestario ha sido relativamente alto, una estimación preliminar es de $2,500 millones, lo que significa $80,000 por paciente confirmado.
La población calificó como buena la gestión gubernamental de la pandemia. En junio, en una encuesta de opinión pública de bastante objetividad, los encuestados le dieron una nota promedio de 7.71 al manejo que el gobierno había dado a la enfermedad.
La reapertura de empresas se hizo por consenso, la ejecución es de un 90 %; se han dado rebrotes de la enfermedad que se han controlado oportunamente. Los exportadores no han tenido problemas importantes con los pedidos ni con las entregas, se observará un cierto crecimiento de las exportaciones, pero luego se entrará en un período de estancamiento de unos seis meses, debido a la crisis económica en los países importadores y la competencia de otros países exportadores.
La principal debilidad de la reapertura de las empresas que venden en el mercado nacional es una demanda interna de consumo significativamente deprimida por las limitaciones de ingreso, pero también por autolimitaciones relacionadas con el cuidado personal para no ser contaminado. El empleo formal se está recuperando menos de lo esperado, debido a la estrategia de las empresas de una reapertura gradual, de acuerdo con la demanda efectiva de la población. La producción agropecuaria no resultó significativamente afectada por la enfermedad.
El financiamiento para la ejecución de las medidas de mitigación para que las micro, pequeñas y medianas empresas pudieran operar con alguna normalidad fue aprobado en los primeros días de julio, pero fue hasta mediados de octubre que se logró obtener el financiamiento para entregar en forma de crédito, a una baja tasa de interés, a las empresas formalizadas, y donaciones al sector productivo informal.
El producto interno bruto (PIB) de este año disminuirá en 9.5 %.
El presupuesto para el año 2021 es vital para continuar disminuyendo el impacto de la enfermedad, especialmente el proceso de compra y aplicación de la vacuna; así como iniciar la reactivación económica del país. De tal manera que en el año 2023 se puedan alcanzar tasas de crecimiento superiores al 4.0 %; el déficit fiscal se financiará con endeudamiento externo.
Es necesario contar con un plan de reactivación económica que haga un mejor uso y modernice la capacidad instalada, proporcione empleo a mano de obra calificada para elevar la productividad y ser más competitivos a escala nacional e internacional.
En los próximos años se deben generar los ingresos tributarios necesarios para cumplir con las obligaciones de la deuda pública e invertir en la reactivación económica del país.