El delito de desaparición de personas en El Salvador no es nuevo. Es una práctica criminal en nuestro país que está documentada desde 1932 y, desde esos años hasta 1991, estuvo presente y fue atribuida a los extintos cuerpos de seguridad, la guerrilla del FMLN y los escuadrones de la muerte; a partir de 1992, fue implementada por bandas criminales organizadas y, en el presente siglo, por las pandillas, el crimen organizado y personas particulares que han replicado esta modalidad delictiva bajo la premisa equivocada: sin cuerpo no hay delito.
En noviembre de 2021, es una realidad que existen denuncias de personas desaparecidas que son reales y, lastimosamente, en un porcentaje de aproximadamente 3 % se convierten en homicidios. Con más de una década estudiando, investigando y proponiendo al Estado salvadoreño recomendaciones técnicas nunca lo he negado y fui por muchos años la única voz en todos los medios de comunicación y nadie escuchaba, a nadie le importaba el tema, no era fácil que los medios en televisión y radio aceptaran exponer el tema, no era de gran audiencia ni generaba «me gusta»; pero en esa dirección no puedo negar que existen avances y logros significativos desde 2019 de parte de la PNC, FGR, MJSP y el IML, sus titulares y equipos especializados.
La PNC y FGR decidieron aceptar y reconocer el fenómeno delictivo criminal; lo primero fue una amplia convicción de comenzar a desarrollar análisis estratégico e inteligencia. La decisión y voluntad del director general de la PNC, el fiscal general y el ministro de Justicia y Seguridad Pública nos permiten que comprendamos mejor el fenómeno, ahora disponemos de evidencia y datos que nos exponen que las denuncias diarias en sedes fiscales y policiales han disminuido considerablemente un 57 % al finalizar septiembre de 2021. Insisto y reitero: disminuir no es que ya no existan. Y el porcentaje continuará a la baja en octubre y noviembre de 2021.
Pero la oposición política, los adversarios del Gobierno Central, los diputados opositores, abogados, representantes de ONG, analistas políticos, tuiteros y hasta los denominados «influencers» hablan, escriben, comentan e incluso mienten con el tema, sin evidencia y sin datos monitorean y repiten lo que estos grupos replican con cifras falsas y hacen parecer que el delito de los desaparecidos es nuevo y que se originó en junio de 2019. No es posible que por ser adversarios e incluso declararse enemigos del presidente Nayib Bukele, del Gabinete de Seguridad Ampliado, del Gobierno y ante el fracaso de las estrategias de las marchas, protestas, la campaña contra el bitcóin y otros temas, ahora el estandarte son los desaparecidos. Todos los días, durante las últimas semanas, el tema está en la agenda en estos grupos y de algunos medios de comunicación, periodistas y comunicadores. Es bajo, cruel, grosero, chocante y sin escrúpulos utilizar el drama de los desaparecidos con fines políticos electoreros o de posicionamiento de la oposición. Qué mal estamos como sociedad que ante la falta de creatividad política y estratégica se recurra a este tipo de campañas. El término revictimización se queda corto.
Para lograr erradicar este fenómeno criminal y, desde mi punto de vista que lo expresé desde hace varios años, los desaparecidos no solo son un problema criminal, ya son un problema social por sus implicaciones, variables y problemáticas internas en las familias; hace falta mucho para vencer el flagelo, pero no se logrará causando más daño a los familiares. Se requiere de la unidad de todo el Estado salvadoreño y de que tengamos amor por el más próximo y, por supuesto, un enfoque victimológico.