La Asamblea Legislativa se apresta a aprobar un nuevo presupuesto general del Estado, el cual no incluye, por tercer año consecutivo, recursos públicos para organizaciones no gubernamentales (ONG) con vínculos políticos-partidarios, como se hizo en legislaturas anteriores.
La comisión de hacienda del parlamento entró a la recta final del estudio y discusión del ejercicio fiscal 2024, con la ponencia de rendiciones de cuentas por parte de representantes de ONG que recibieron dinero público en el presupuesto 2023.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas y presidente de la comisión de hacienda, Christian Guevara, reiteró que para el próximo año no se destinará dinero público para ONG fachada con vínculos políticopartidarios.
«En el pasado, los diputados corruptos desviaron más de $280 millones a sus ONG fachadas», escribió Guevara en su cuenta de X.
La comisión de hacienda estaría emitiendo en su próxima reunión el dictamen favorable para aprobar el presupuesto general del Estado 2024.
El Gobierno entregó en septiembre pasado, según determina la ley, a la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto del próximo año, que asciende a $9,068.7 millones, en el cual se garantiza el financiamiento para proyectos de bienestar de la población salvadoreña y la inversión pública.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, denunció a inicios de la actual legislatura (2021-2024) que algunas ONG fueron utilizadas para «captar fondos» públicos que terminaron en las arcas de los partidos políticos, utilizando dichos recursos para «financiar sus actividades políticas».
Se estima que estos totalizaron $279 millones. Una comisión especial del congreso creada para investigar la transferencia de estos fondos recomendó —en su informe final de trabajo— a la Fiscalía General de la República indagar estas acciones y deducir posible cometimiento de ilícitos.
«Se han verificado suficientes elementos probatorios para considerar la probable comisión de hechos punibles por parte de las ONG que recibieron fondos públicos aprobados por la Asamblea Legislativa, lo que deberá ser evaluado por la Fiscalía General de la República», destacó la comisión en el informe, hecho público en marzo pasado.
La comisión especial establece en su informe final, además, que «existen indicios suficientes de que líderes políticos del FMLN y ARENA crearon mecanismos ilegales para facilitar fondos públicos a ONG» con motivación política y partidaria.