Por 30 años hemos visto que los gobiernos de ARENA y del FMLN estuvieron protegiéndose mutuamente, aprendiendo uno del otro sobre las más abyectas formas de desfalcar el erario. El mecanismo de saqueo de fondos del Gobierno por medio de la entrega de dinero en efectivo a funcionarios por montos más allá de sus salarios legalmente establecidos fue traspasado de presidente en presidente.
Alfredo Cristiani confesó la práctica ante la comisión especial de la nueva Asamblea Legislativa que investiga los sobresueldos. En todo momento intentó restarle importancia diciendo que, si bien era una forma ilegal de sustraer dinero del presupuesto a través de la partida secreta, le dio un «uso lícito». La práctica continuó durante el Gobierno de Francisco Flores, quien fue procesado por haber utilizado fondos internacionales donados por Taiwán para aliviar a los damnificados por los terremotos de 2001 en la campaña presidencial de Antonio Saca. Fue el expresidente Saca, condenado por corrupción, el que dijo que parte de esos $300 millones que se le avisó haber sustraído al Estado fueron a parar a los sobresueldos que entregó a sus ministros y otros funcionarios. Dijo a los diputados de la comisión especial que este mecanismo estaba vigente en Casa Presidencial y se lo explicó el expresidente Flores.
Saca también reveló que ese mismo mecanismo le fue trasladado al primer presidente del FMLN, Mauricio Funes, quien lo mantuvo operando. No importó que se tratara de un presidente de otro partido político, porque en el fondo la intención era la misma: asaltar el Estado salvadoreño.
Es precisamente la investigación de esta corrupción la que ahora ha llevado a la captura de cinco exfuncionarios del FMLN y la orden de captura de otros cinco, incluyendo al expresidente Salvador Sánchez Cerén, un dirigente histórico de la comandancia general del FMLN, la misma que firmó los acuerdos de paz con ARENA, con el Gobierno de Alfredo Cristiani.
En otras épocas, lo usual era hacerse de la vista gorda, mirar para otro lado y seguir haciendo negocios. Cuando el tema era muy complicado, los que conocían el caso eran exiliados o eran asesinados (fingiendo «suicidios») por las estructuras delincuenciales enquistadas en el Estado.
Ahora vivimos otros tiempos. Hay un cambio que ha permitido que la Fiscalía esté verdaderamente al servicio de los intereses del Estado y no como lacayo de grupos de poder. Es momento, pues, de avanzar con paso firme contra la impunidad.
