El Salvador ha sido reconocido como uno de los gobiernos que mejor han enfrentado la pandemia. El último informe de la prestigiosa Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos, revela que el país tiene la menor tasa de mortalidad por la COVID-19 en Centroamérica, con apenas 21.38 fallecidos por cada 100,000 habitantes, según el cálculo basado en una población de 6.4 millones de habitantes. Al ajustar la población a 6.7 millones, de acuerdo con las proyecciones de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc, una dependencia del Ministerio de Economía), entonces se trata de 20.47 muertes por cada 100,000 habitantes.
Eso es realmente importante porque los países que tradicionalmente han tenido más ingresos y aparecen mejor en las clasificaciones de desarrollo humano, como Costa Rica y Panamá, tienen una mortalidad mayor, de 44.58 muertes por cada 100,000 habitantes; en el caso costarricense, y de más de 100 por cada 100,000 habitantes, en el caso de Panamá.
Sin duda, el manejo adoptado por el gobierno logró reducir la incidencia de la COVID-19 en el país, una estrategia que incluyó acciones tempranas, pero también la reorientación de los recursos disponibles para enfrentar la pandemia y salvar la vida de los salvadoreños.
Eso es lo que la oposición no ha entendido. Ha preferido priorizar sus intereses electorales en lugar del bienestar de la población. Debido al uso de los recursos para hacer frente a la emergencia, otras disposiciones presupuestarias quedaron en segundo y tercer plano. En lugar de entregar valiosos fondos públicos para llevar a cabo obras mediocres que son utilizadas con fines propagandísticos por los alcaldes, el gobierno puso en primer lugar la vida y la salud de los ciudadanos.
Sin embargo, los partidos de la oposición, en especial la alianza ARENA-FMLN, no aceptaron esta decisión y aprobaron reorientar los fondos de un crédito internacional que ya había sido desembolsado para enfrentar la pandemia, con el fin de supuestamente entregar dinero a los alcaldes por medio del Fodes. Dijeron que era el gobierno el que de forma caprichosa se negaba a cumplir la ley, cuando es un hecho notable que la pandemia ha obligado a todos los gobiernos del mundo a usar los recursos disponibles para reducir la tragedia.
Ha sido la Sala de lo Constitucional la que señaló a estos diputados por haber violado la Constitución al hacer ilegítimamente una reasignación de fondos sin haber consultado antes con el ministro de Hacienda. Los dineros del Fodes que decían que el gobierno no quería entregar y que ellos estaban dando nunca existieron. Fue otra promesa vacía de la oposición, como desde el principio advirtió el Ejecutivo. ¿Con qué saldrán ahora? ¿Otra mentira para los alcaldes?
