La Cumbre Iberoamericana de Procuradores, Defensores y Comisionados de Derechos Humanos reunió en el país a 16 delegados procedentes de Iberoamérica, un evento sin precedentes en la historia salvadoreña, para analizar la función de las instituciones nacionales de defensa de los derechos humanos, los riesgos de la migración en América Latina, el manejo de la pandemia de la COVID-19 en relación con la protección de los diferentes grupos de población vulnerables en cada región y otros temas relacionados con la protección de las garantías y los derechos humanos.
Una comitiva integrada por varios de los asistentes participó en una visita por el complejo penitenciario de Izalco, en Sonsonate, donde fueron recibidos por el viceministro de Seguridad y director de Centros Penales «ad honorem», Osiris Luna. La misión verificó el cumplimiento y la garantía de derechos a la seguridad y la vida, salud, recreación y alimentación de la población reclusa. También verificaron la infraestructura carcelaria y constataron que hay suficiente iluminación y aire natural para los privados de libertad.
Por medio de un comunicado difundido la mañana del martes, los participantes de la Cumbre Iberoamericana dejaron constancia de su trabajo en este complejo penitenciario, que incluye un área de máxima seguridad y una granja penal. Destacaron que hay atención médica y tratamiento adecuado para las mujeres privadas de libertad, incluyendo a aquellas que viven con sus hijos o están embarazadas.
«Como delegación internacional reconocemos que el manejo del sistema penitenciario de América no es una labor fácil y existen variadas observaciones a nuestros sistemas de justicia y de penitenciarías que los Estados responden de manera diferenciada de acuerdo con sus realidades; en ese marco, saludamos la apertura y transparencia manifestada por los servidores públicos de El Salvador en cuanto a las problemáticas, las medias asumidas y los retos que se encuentran asumiendo en la búsqueda del respeto y la garantía de derechos humanos», señala parte del comunicado conjunto que se distribuyó por redes sociales.
En otras palabras, el régimen de excepción, que ha logrado la captura de más de 50,000 pandilleros y colaboradores, también garantiza el respeto a los derechos humanos de los criminales que han sido detenidos y procesados. Esto desvirtúa de forma contundente la campaña mediática impulsada por voceros de la oposición y su «lobby» internacional en contra de la guerra contra las pandillas, la cual ha reducido de forma notoria la tasa de homicidios en el país y delitos tan graves como las extorsiones.