Un Gobierno se debe a sus ciudadanos y todas sus acciones y políticas deben ir en función del bienestar del pueblo. Eso, que puede parecer tan obvio, estuvo ausente durante décadas. Mientras ARENA y el FMLN estuvieron al frente del Ejecutivo lo que vimos fue a las autoridades supeditadas siguiendo las órdenes de sus financistas, de los grupos de poder económico y de las cúpulas de los partidos.
Muchas de las acciones tomadas por ARENA, por ejemplo, promovían los negocios de los empresarios que mandaban al presidente. Vimos exenciones de impuestos para importaciones de determinados productos que favorecían a un sector y presenciamos el uso del Estado en función de los negocios de ciertos grupos. Florecieron los monopolios privados disfrazados de empresas exitosas a las que nadie osaba competir porque estaban más allá de sus capacidades.
Se favoreció en las obras públicas a las empresas de los amigos, de los parientes y de los que mandaban en el partido. Se legisló en función de intereses particulares, y se dejaron de lado las consecuencias negativas para la mayoría de la población. Medidas polémicas, como la adopción del dólar como moneda de curso legal, se dieron de espaldas a la población y para beneficiar a un pequeño sector nacional.
Las reducciones de aranceles favorecieron a importadores y comerciantes, pero fueron una sentencia de muerte para pequeños y medianos productores que no pudieron enfrentar las estructuras logísticas de grandes multinacionales.
Con el FMLN pasó algo similar, con disposiciones pensadas en agendas ideológicas trasnochadas y negocios para enriquecer a la élite del partido. Crearon un conglomerado de empresas entrelazadas con el petróleo venezolano y las quebraron una a una para quedarse con el dinero de la venta del combustible que sería pagadero a 25 años.
No es hasta el Gobierno del presidente Nayib Bukele que las acciones del Ejecutivo son para favorecer a los ciudadanos. Pasó desde que tomó posesión como presidente y es algo que ya habíamos visto en sus administraciones como alcalde.
Ahora, en el contexto actual de la crisis económica global desatada, primero por la pandemia de la COVID-19 y luego por las tensiones geopolíticas en Europa, vemos una acertada intervención estatal para amortiguar el aumento de los precios internacionales del combustible.
Realmente se requiere mucho valor para tomar una medida como esta, porque implica poner en primer plano el interés público sobre los vaivenes del mercado y frenar las ganancias con las que se quedan los intermediarios de esta industria. En este mismo continente, en Perú, el Gobierno decretó estado de sitio en la capital para impedir las protestas por el alza de la gasolina. En El Salvador, en cambio, tenemos los precios más bajos de toda la región. Esas son acciones contundentes a favor del pueblo.