Creo que todos nos indignamos con la decisión de la Sala de lo Constitucional anterior, que ordenó en una resolución no seguir con las medidas contra la pandemia de la COVID-19 y nos puso en peligro de muerte y contagio a usted, a mí, a todos. Esa misma Sala, en otra resolución, prohibió que se exigiera la prueba de COVID-19 para ingresar a El Salvador. La agenda era clara: los exmagistrados querían ver al país sometido en un caos sanitario, deseaban que el Ejecutivo fracasara en la contención del virus, aunque el precio fuera pagar con vidas humanas.
También nos indignamos porque esos magistrados que cambiamos aceptaron un decreto que Rodolfo Párker y otros diputados cómplices aprobaron para perdonarle $280 millones en impuestos a un grupo de empresarios poderosos.
¿Saben por qué pasaba eso? Porque actuaban como una corporación. La Sala no era constitucional, era corporativa. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia Armando Pineda Navas venía de esa Asamblea y, obviamente, tenía que pagar el favor de ostentar dicho cargo.
Cada año, los informes del Departamento de Justicia de Estados Unidos decían que el sistema de justicia salvadoreño era lento, ineficiente y corrupto, pero eso se acabó hace más o menos cinco meses.
La semana anterior, la nueva Sala de lo Constitucional hizo una corrección histórica, de justicia social, y esa burla de los exmagistrados para el pueblo se revirtió cuando anuló el decreto oscuro con el que se buscaba enriquecer a los mismos de siempre y dejar sin obras a los más humildes. Con esa decisión se le dio una bofetada a la mayor red de corrupción institucional.
Sobre esos $280 millones la trama y el «modus operandi» fue así: Rodolfo Párker le dio iniciativa de ley; Margarita Escobar, de ARENA, lo defendió como se defiende la vida; el FMLN no votó, pero su presidente Salvador Sánchez Cerén lo sancionó de forma exprés y lo mandó a publicar en el «Diario Oficial»; y esas poderosas empresas nos robaron $280 millones de nuestros impuestos… Pero eso ya se corrigió.
Todos ellos actuaron a conveniencia. Para estos empresarios era mucho más fácil pagarles el 20 % de lo adeudado a los diputados que cumplir con sus obligaciones tributarias. ¡Escuche! Esa red de diputados corruptos fácilmente se llevó $56 millones a su bolsillo por crear decretos sastres, hechos a la medida de sus patrones.
Siguiendo con los ejemplos, en octubre de 2020, la Cámara Tercera de lo Penal, de San Salvador, sobreseyó completamente el caso contra el representante de Intratex, S. A. de C. V., quien fue acusado de evadir $5.3 millones. Con ese nefasto sistema judicial era de esperar que alguien fácilmente pagara una fianza de medio millón de dólares para no enfrentar la justicia, como todos los demás, y quedara en libertad.
Vale la pena preguntarse: ¿Algún empresario evasor y otros delincuentes de corbata recibieron justicia, o siempre los cobijó la impunidad? ¿Cuánto habrán recibido esos dizque aplicadores de justicia por inclinar la balanza hacia sus patrones? ¿Dónde quedó el ánimo de hacer valer la ley, sobre todo?
Vamos ahora con el juez Juan Antonio Durán, quien formaba parte de esa Cámara. Es nada menos que primo hermano del exdiputado Wálter Durán, del FMLN (partido hermano de ARENA). Una irregularidad que en otros países hubiese sido cuestionada por la prensa y quizá hasta por la comunidad internacional… Pero no, este era El Salvador, donde por décadas se acostumbraron a comprar el silencio de los medios de comunicación, convirtiéndolos en sus cómplices.
Yo, como ciudadano, me hice muchas preguntas y planteamientos… Si usted o yo, o alguien de la verdadera sociedad civil nos hubiésemos robado una gallina para alimentar a nuestra familia, no tenga duda de que nos cazan como a lobos y terminamos recluidos en un penal.
Los órganos Legislativo y Judicial eran dos gemelos viciados y borrachos de poder, que se dejaban seducir por la billetera más grande, hasta que el pueblo llegó al hartazgo y reconoció el poder que tenía, poniendo un «hasta aquí» a esas prácticas corruptas.
Claro, es difícil para ellos asumir que ya no tienen el sartén por el mango, por eso acuden como críos caprichosos y malcriados a victimizarse ante la comunidad internacional, para vender el discurso barato de dictadura imaginaria, un régimen totalitario inexistente, disfrazándose de sociedad civil; sí, de aquella que traicionaron una y otra vez.
Si vamos a preguntarle al taxista, a la señora de la tienda, a la vendedora ambulante, al profesional de la salud, a la profesora que viaja una hora para llegar a su centro de trabajo, al empleado que gana el sueldo mínimo, en fin… al salvadoreño de a pie, todos, en su gran mayoría, agradecen el trabajo del Gobierno y aplauden la labor de la nueva Asamblea Legislativa. Y no solo eso, sino que manifiestan su total confianza en el actual sistema judicial que se está consolidando en el país, sin el cáncer de la corrupción, sin maletines negros, sin compensaciones y apoyos institucionales, sobresueldos, como le quieran llamar.
Somos un país cuyos poderes están enfocados en servir al pueblo que, dicho sea de paso, es soberano y el que al final decidirá bajo ese estado creer o no en las mentiras de la prensa amarillista y vendedora de humo, o creerle a los que se disfrazan de analistas políticos y son simples plumas pagadas; o dar paso a un periodismo objetivo que se limita a trasladar la información y no a hacer activismo político. La gente necesita una prensa neutra y que no esté controlada por un grupito empresarial que decida qué es tema de nación y qué no.
Y si no, preguntémonos ¿por qué hay un total silencio sobre dónde está Rodolfo Párker? ¿Dónde está Margarita de Escobar? ¿Dónde está Alfredo Cristiani? ¿Dónde está Norman Quijano?
En lugar de pedir la intervención en asuntos de política interna a la comunidad internacional, mejor pidámosle nos colabore con la extradición de estos personajes, para que sean sometidos a la justicia por todos sus actos corruptos.
Es necesario que acabemos con la impunidad y que se haga de raíz, dado que solo así podremos reconstruir el país que nuestros hijos y nietos se merecen, uno en el que nos sintamos parte de los cambios, uno en el que saquemos del mapa a aquellos funcionarios negligentes que fabrican, interpretan, ejecutan e imparten la ley a su conveniencia.
Por mi parte, en este Estado que funciona, voy a solicitar una auditoría integral de todo lo actuado por las comisiones anteriores de hacienda, economía y financiera, por otros decretos que hayan atentado contra los intereses de los salvadoreños. ¿Y saben qué?, ahora los delitos de corrupción del pasado ya no prescriben, gracias a esta nueva Asamblea. ¡Así es que vamos por ellos!
