La Fiscalía General de la República va a investigar cuánto costó en fondos públicos el acuerdo firmado entre el Gobierno del arenero Alfredo Cristiani y los comandantes de la guerrilla.
En otras palabras, los denominados Acuerdos de Paz fueron un gasto que implicó millones de dólares y que benefició a las cúpulas corruptas de los partidos ARENA y FMLN.
«Existen investigaciones del pasado, desde la administración del expresidente Alfredo Cristiani, que valen la pena revisar: cuánto le costó al pueblo salvadoreño la denominada “paz” que nos vendieron en aquel entonces y conocer de qué manera se administraba el Estado», anunció el fiscal general, Rodolfo Delgado.
De acuerdo con el funcionario, la Fiscalía ha decidido emprender esta cruzada porque «vale la pena que se le dé una explicación a la sociedad salvadoreña de por qué no se hicieron las cosas adecuadamente».
Tras los Acuerdos de Paz, fue evidente que antiguos comandantes guerrilleros se convirtieron en empresarios o, de repente, tenían propiedades y negocios. Lo mismo sucedió con funcionarios ligados al Gobierno de Cristiani, quienes aumentaron sus capitales o sellaron jugosos negocios.
Eso sin contar los fondos millonarios dedicados a programas para recompensar a combatientes y veteranos, pero que nunca llegaron a destino, como prueban los continuos reclamos de este segmento y que hasta el Gobierno del presidente Nayib Bukele se ha podido resolver, tres décadas después de finalizado el conflicto.
Los expresidentes Cristiani, de ARENA, y Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, son prófugos de la justicia salvadoreña.
En marzo de 2022, Cristiani dio a conocer que no se sometería a los tribunales por la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras ocurrida en noviembre de 1989, durante una ofensiva guerrillera.
Unos meses antes, la Asamblea Legislativa aprobó la no prescripción de los delitos relacionados con la corrupción que proviene principalmente de funcionarios, y en 2016 la Corte Suprema eliminó la ley de amnistía, que mantuvo impune el asesinato de los sacerdotes.
A Sánchez Cerén se le procesa por el desvío de $183 millones provenientes de fondos públicos. El segundo gobernante del Frente huyó a Nicaragua, donde su cómplice y aliado Daniel Ortega le concedió la ciudadanía para evadir el pago de sus crímenes.
Con las reformas aprobadas se van sentando precedentes para que exfuncionarios rindan cuentas por su enriquecimiento ilícito. «Los resultados de las investigaciones han servido para mostrarles a los salvadoreños el mecanismo y la forma de operar de los gobiernos anteriores», afirmó el fiscal general.
