El coronel René Emilio Ponce autorizó en una reunión realizada el 15 de noviembre de 1989 terminar con personalidades religiosas y políticas. En el encuentro estaba el ministro de Defensa Nacional y Seguridad Pública de la época, general Rafael Humberto Larios, además, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Juan Orlando Zepeda e Inocente Orlando Montano. Ponce pidió a Benavides asesinar al padre Ignacio Ellacuría… así detalla el informe de la Comisión de la Verdad.
La investigación especifica que posterior a esa reunión el Teniente Ricardo Espinoza Guerra se encontró con el coronel Guillermo Benavides Moreno, el subteniente Gonzalo Guevara Cerritos y el teniente Yusshy René Mendoza Vallecillos para planear el ataque contra el sacerdote jesuita. Todo fue avalado por el expresidente Alfredo Cristiani, según el informe.
Un día después, integrantes del Batallón Atlacatl irrumpieron en las instalaciones de la Universidad José Simeón Cañas (UCA) para asesinar a Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baro, Segundo Montes Mozo, Joaquín López y López, Amando López y Juan Ramón Moreno, y las colaboradoras Julia Elba Ramos y su menor hija Celina Mariceth Ramos. Así se describe en las investigaciones el asesinato de los sacerdotes jesuitas, hecho ocurrido en 1989 y por el que los acusados de autores intelectuales aún están pendientes con la justicia.
La UCA y otras organizaciones sociales, interesadas en que se condene el caso, llevan más de 30 años exigiendo que los responsables del hecho sean condenados por la masacre; fue hasta este año que una resolución de la Sala de lo Constitucional reaperturó el caso y se está a la espera que los acusados sean citados por un juzgado.
Investigaciones fiscales y extrajudiciales han determinado que hubo alteración en las evidencias, además de encubrimientos lo que ha provocado la impunidad. En reiteradas ocasiones se ha denunciado que los responsables fueron favorecidos por magistrados y por gobiernos anteriores.
En 1991 fueron procesados nueve militares, de los cuales solo Guillermo Benavides y Yusshy Mendoza fueron condenados a 30 años de prisión, pero Benavides recuperó su libertad dos años después, cuando entró en vigencia la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz (LAGCP), sin embargo, fue recapturado nuevamente en julio de 2016, cuando la Sala de lo Constitucional anuló la LAGCP.
Otro condenado por la masacre es Incente Montano quien purga una pena de 133 años en España. El resto de los implicados siguen en libertad, a excepción de los fallecidos René Emilio Ponce (2011) y Francisco Elena Fuentes (enero 2022).
UNO A UNO LOS IMPUTADOS POR LA MASACRE
Alfredo Cristiani Burkard
Cargo: Expresidente
Cuando sucedió la masacre, Alfredo Cristiani era el presidente de la República y comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Investigaciones han determinado que el exmandatario dio el aval para que se incursionaran las instalaciones de la Universidad y se atacara al sacerdote Ignacio Ellacuría; la Comisión de la Verdad sostuvo que el Alto Mando acordó consultar a Cristiani Burkard sobre el hecho violento durante los primeros días de la ofensiva guerrillera de noviembre de 1989.
Posterior al crimen trabajó en el encubrimiento y la obstrucción a las investigaciones.
Inocente Orlando Montano
Cargo: Viceministro de Seguridad
Inocente Montado fungió como viceministro de Seguridad Pública de El Salvador. Fue cómplice cuando sus compañeros planearon atacar a los sacerdotes. El año pasado, la justicia española lo condenó a 133 años de cárcel por la masacre.
El Tribunal de la Audiencia Nacional de Madrid juzgó al exmilitar por autor de cinco delitos de asesinato «de carácter terrorista». Por cada uno de estos delitos, el tribunal estableció una pena de 26 años y ocho meses. Montano guarda prisión desde 2017, año de su extradición.
René Emilio Ponce
En el momento de la masacre de los jesuitas, el coronel Ponce era el Director de la Junta del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Salvadoreñas.
De acuerdo a las investigaciones, Ponce fue quien dio la orden a Guillermo Benavides de asesinar a Ignacio Ellacuría y de no dejar testigos. Este responsable en la muerte de los sacerdotes fue parte de «la tandona»; promoción de 46 oficiales graduada de la Escuela Militar y que Cristiani llamó para incorporarlos a su gabinete. Murió en abril de 2011.
Rafael Humberto Larios
El general Rafael Humberto Larios era el ministro de Defensa al momento de la masacre. Según las investigaciones Larios se enteró del plan de asesinar al padre Ignacio Ellacuría en una reunión que sostuvieron militares el 15 de noviembre de 1989, cuando Ponce ordenó atacarlo.
Francisco Elena Fuentes
El coronel Francisco Elena Fuentes era el comandante de la Primera Brigada de Infantería en San Salvador en 1989. Fue testigo de la masacre. Un día después, tropas de la Primera Brigada de Infantería intentaron intimidar a miembros de la Arquidiócesis de San Salvador emitiendo amenazas. Murió el pasado 11 de enero.
Juan Orlando Zepeda
El coronel Juan Orlando Zepeda también fue integrante de «La Tandona». Fue viceministro de Defensa en el momento de la masacre. Estuvo presente cuando Ponce dio la orden a Benavides de asesinar al Padre Ellacuría. Anterior a la masacre, Zepeda había acusado públicamente a la UCA de ser el centro de operaciones del FMLN.
Juan Rafael Bustillo
Era el comandante de las Fuerzas Aéreas Salvadoreñas en 1989 cuando asesinaron a los sacerdotes. Durante la ofensiva del FMLN, Bustillo participó en varias reuniones del Estado Mayor salvadoreño. Bustillo fue testigo cuando Ponce dio la orden de atacar al padre Ellacuría en una reunión que se sostuvo un día.
Carlos Camilo Hernández Barahona
El teniente coronel Hernández, era Decano Asistente Interino del Colegio Militar en El Salvador en 1989. Investigaciones revelaron que Benavides ordenó a Hernández que organizara y planificara la operación. Hernández Barahona fue quien suministró un rifle AK-47 que había sido capturado del FMLN y les dijo que lo usaran para matar al padre Ellacuría.
José Ricardo Espinoza Guerra
El teniente Espinoza Guerra tenía rango de teniente y era miembro del Batallón Atlacatl. Benavides ordenó a Espinoza Guerra que registrara los dormitorios de los Jesuitas como parte de una misión de reconocimiento antes de los asesinatos. Espinoza Guerra informó a Benavides de la presencia de Ellacuría en la UCA. El día de los asesinatos, cuando los sacerdotes estaban tumbados en el suelo el Espinoza Guerra dio la orden de dispararles.
Gonzalo Guevara Cerritos
Las investigaciones determinaron que el teniente Guevara estaba asignado al Batallón Atlacatl cuando ocurrió la masacre. Aunque Espinoza Guerra lideró la unidad, Guevara Cerritos también tenía responsabilidad de mando sobre las tropas que llevaron a cabo la masacre.
En enero de 1992, Guevara Cerritos fue condenado a tres años de encarcelamiento por instigación y actos de terrorismo.
Integrante del Batallón Atlacatl en 1989. En 1991-1992, durante el juicio penal en El Salvador, Amaya confesó que había recibido un AK-47 del demandado Hernández Barahona y que había asesinado al padre Ellacuría, a Martín Baró, y a Montes. No fue condenado por los asesinatos.
Tomás Zárpate Castillo
Tomás Zárpate Castillo era sargento segundo en el Ejército salvadoreño y estaba asignado al Batallón Atlacatl cuando se ejecutó la masacre. Más tarde confesó que había disparado a Julia Elba Ramos y a su hija Celina.
José Alberto Sierra
Uno de los soldados que incursionó en la UCA. En el juicio de 1991 fue absuelto. El cabo Ángel Pérez Vásquez, del Batallón Atlacatl, confesó en 1991 que había asesinado al padre López y López.
Antonio Ramiro Avalos Vargas
Este sargento estaba asignado al Batallón Atlacatl cuando fue la masacre. En el juicio de 1991-1992, confesó que había disparado al padre López y al Padre Moreno.