Evadir la justicia y control han sido prácticas de los corruptos. En la delincuencia pueden participar empleados públicos. Desconocer los nombres de los empleados públicos haría imposible denunciar sus actos ilícitos. La denuncia es una colaboración fundamental para combatir con eficacia la delincuencia. Recordemos a aquellos empleados públicos que han sido identificados como miembros de pandillas. El anonimato habría hecho imposible detectarlos y denunciarlos.
La protección de los datos personales no debe favorecer la impunidad. La protección de los datos personales permite asegurar el derecho a la autodeterminación informativa, pero no debe usarse para producir el anonimato de los empleados públicos que también pueden cometer delitos e infracciones, que no deben quedar impunes porque pondrían en riesgo a la sociedad en general.
Descubrir actos de corrupción en las contrataciones de empleados públicos exige conocer la identidad. El nombre es un dato relevante para descubrir cuando los funcionarios están contratando a sus familiares, sin considerar la ventaja de tener acceso a los currículos para conocer la idoneidad para el cargo. También recordemos que, gracias a conocer los nombres de los asesores de los diputados de la pasada Asamblea Legislativa, se detectó a los implicados en las plazas fantasmas.
La identidad de los empleados públicos facilita denunciarlos por incumplimiento de la jornada laboral. Así ha sucedido cuando un abogado, profesor de la Universidad de El Salvador, fue denunciado y sancionado por incurrir en la prohibición ética de realizar actividades privadas durante la jornada ordinaria de trabajo. Este firmaba asistencia para la misma jornada en un tribunal y en la universidad.
El anonimato de los empleados públicos dificultaría ejercer el derecho a la protección no jurisdiccional. La identificación de los presuntos responsables de las infracciones a la ley es un dato esencial para que una denuncia sea admitida. La pluralidad de posibles infracciones cometibles por un empleado público es extensa; claro está que a veces es posible acceder a la identidad de los empleados públicos por medios no oficiales para denunciarlos, pero no puede ser esa la solución que el Estado ofrezca a las víctimas en la lucha contra la impunidad.
El anonimato de los empleados públicos puede poner en riesgo la salud y la integridad de las personas. Un profesor acosador puede ser fácilmente denunciado si se conoce su identidad. Un médico que realice mala praxis también puede ser denunciado si se conoce su identidad. Los profesores y los médicos son reconocidos como empleados públicos que favorecen el bienestar de los ciudadanos, pero también hay malos empleados de los que tenemos derecho a conocer su identidad para denunciarlos y proteger a los niños en las escuelas y a los pacientes en el sistema de salud nacional.
Entendidas así las cosas, el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Sala de lo Contencioso Administrativo deben revisar su criterio sobre proteger datos personales de los empleados públicos para no favorecer la impunidad de los corruptos.