En ninguna democracia del mundo enaltecer el mal y las organizaciones criminales es algo que se promueva. Al contrario, en muchas naciones, promover creencias e ideologías contrarias a la humanidad, a los derechos humanos y la dignidad de las personas es algo que está prohibido.
No se trata de una afrenta a la libertad de expresión o a la libertad de pensamiento, sino que la tolerancia en asuntos de intolerancia suele ser el camino más dañino para una sociedad. Así sucedió durante los regímenes del apartheid en Sudáfrica y el sistema de segregación racial que imperó legalmente en el sur de Estados Unidos (y que, de facto, se conserva en muchas de sus costumbres y vejaciones), en donde pensar que había una «superioridad natural» de las personas de raza blanca sobre todas las demás razas se veía como algo común.
Lo mismo hacía el nazismo en Alemania al promover ideas de supremacía blanca que consideraban no humanos a otras personas. Alrededor de estas retorcidas creencias se creó una serie de simbología (tanto impresa, visual o de gestos) que identificaba a los que pensaban de esa manera.
Pero no solo hay ejemplos de esa naturaleza. En España, la lucha contra el terrorismo de ETA llevó a tomar medidas similares, incluso la de prohibir un partido político y medios de comunicación que eran controlados por estructuras terroristas.
Lo que la nueva Asamblea Legislativa hizo este martes fue lo que han hecho otras naciones para superar esas desviaciones que terminan siendo una afrenta para la mayoría de las personas.
Proscribir la difusión de símbolos, iconografía, costumbres, ademanes y cualquier identificación con las pandillas es un paso muy importante para impedir que, de alguna forma, esas actitudes sean consideradas como modelos a seguir.
No se trata de impedir la difusión de información y noticias relacionadas con el accionar del Estado en contra de las pandillas, sino de evitar que, en el camino, se convierta en una apología del delito, es decir, en el enaltecimiento de conductas aberrantes, como suelen hacer algunos sitios web que se regodean de detalles macabros y ponen a los cabecillas de organizaciones criminales en el mismo plano de estadistas o de intelectuales de oposición.
Darles voz a delincuentes es ponerse en contra de las víctimas de la criminalidad y busca legitimar los atentados contra la sociedad.
Lo que ahora vemos es el esfuerzo más contundente por cortar la excesiva influencia que las pandillas tuvieron en la sociedad salvadoreña gracias a sus pactos con los Gobiernos de ARENA y del FMLN.