Este lunes, la comisión disciplinaria de la Fesfut condenó a Alianza a jugar sin público como local en los próximos dos torneos cortos, pagar una multa de $30,000 y la pérdida del juego de vuelta de cuartos de final contra FAS, con pizarra de 0-2, resultado que elimina de la competencia a los paquidermos. Esas sanciones son a raíz de la desgracia del sábado pasado en el Cuscatlán, que ocasionó el fallecimiento de 12 personas.
Luego, en la resolución, se aclara que dos integrantes de la comisión disciplinaria, Enma Álvarez y Marco Platero, propusieron inhabilitar por un año a los dirigentes albos, Pedro Hernández, presidente, y Edwin Abarca, gerente, pero el resto de los que conforman ese cuerpo colegiado no dieron su visto bueno para eso. Hernández y Abarca, tras la desgracia en el Monumental, se pusieron a las órdenes de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República para cualquier investigación.
Este medio buscó la versión de la dirigencia alba, tras la resolución federativa y en una breve plática el directivo blanco, Óscar Amaya, aclaró que será la parte jurídica de los paquidermos la que deba trabajar en eso [ver nota aparte]. El dirigente indicó que ahora no hay cabeza para estar pensando en lo deportivo.
Luego, en el fallo de ocho páginas brindado por la comisión disciplinaria, tampoco hay sanciones para el presidente de la comisión de seguridad de la Fesfut, Henry Orellana, a quien de parte de ese organismo auxiliar se le solicitó una explicación detallada de lo sucedido el sábado en el Monumental.
Orellana, quien también forma parte de la comisión regularizadora que ahora administra la Fesfut por mandato de FIFA, estuvo en la cancha, luego de la tragedia, pero fue solo para indicar que se iba a indagar sobre lo sucedido. Un día después, en la Fesfut, Orellana dijo que posteriormente brindaría detalles de lo sucedido, pero, al final, fue el presidente de la comisión regularizadora, Humberto Sáenz, quien tuvo que hablar ante los medios.
Fiscalía aclara
Por otra parte, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, aclaró que la única institución que tiene el mandato constitucional de establecer e investigar los hechos ocurridos en el Cuscatlán es la Fiscalía. «El trabajo avanza. Nuestra misión es hacer justicia en nombre de las víctimas; las personas que resulten responsables deberán responder de manera individual ya sea por sus acciones o sus omisiones», externó Delgado en redes sociales.
