El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador confirmó que el proceso político en contra del comisionado Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil (PNC), estuvo plagado de irregularidades y que los diputados no tenían la razón de acusarlo de violaciones a los derechos humanos.
La sentencia es categórica: Arriaza Chicas quedó exonerado de todos los cargos formulados por la Fiscalía y acuerpados por los legisladores de oposición. Es decir, la decisión judicial echa por tierra incluso el despropósito de recomendar al presidente Nayib Bukele la destitución del director de la PNC.
En otras palabras, toda la energía de la Asamblea Legislativa y los recursos físicos y humanos invertidos fueron a parar a saco roto. Es una muestra más del despilfarro que impera entre los diputados, así como la compra de papel bond para 15 años o de insumos obsoletos para impresoras y computadoras.
El mismo día en que un tribunal desbarató las ambiciones febriles de los miembros de la alianza legislativa, la Sala de lo Constitucional aceptó la controversia por la incorporación de $354 millones que la Asamblea Legislativa hizo de manera inconsulta sobre fondos ya asignados. El presidente Bukele acudió a la Sala debido al procedimiento irregular seguido por los diputados.
Ambas resoluciones judiciales significan duros golpes a los opositores, quienes han enfilado su campaña electoral para atacar al gobierno. Estos resultados han sido demoledores porque revelan que los diputados no tienen argumentos para atacar la excelente gestión contra la delincuencia encabezada por el director de la Policía, y porque también ponen en evidencia la estrategia obstruccionista de la oposición.
Mientras la pandemia cobra fuerza en todo el mundo, con un incremento peligroso de casos, los actuales legisladores salvadoreños dedican su tiempo y su energía a atacar al gobierno y a tratar de evitar que funcione. Que en un mismo día dos de sus principales líneas de acción sean desestimadas por instancias del Poder Judicial dice mucho de la fortaleza de sus argumentos.
El comisionado Arriaza Chicas pidió un juicio justo y sin tintes políticos. Su defensa esperaba que los jueces a cargo pudieran hacer una valoración objetiva. Y así ha sucedido. El lunes comienza la campaña electoral, y lo más seguro es que los actuales diputados intentarán inventar algo desde la Asamblea Legislativa para bloquear al gobierno. Pero la realidad se impone, aunque para enterarse deban estrellarse contra un muro de verdad.
