La comisión especial de la nueva Asamblea Legislativa que investiga las transferencias de fondos estatales a ONG, asociaciones y fundaciones descubrió que en 11 años los exparlamentarios entregaron más de $273 millones a estas entidades privadas. Por más indignación que esto provoque, no se trata, ni de lejos, del único ejemplo de la piñata que implementaron ARENA y el FMLN durante 30 años.
El Ministerio de Obras Públicas reveló que, en esos mismos 11 años, los dueños de autobuses habían recibido más de $500 millones en concepto de subsidio al transporte. Sin embargo, es evidente que ese dinero fue usado en cualquier cosa menos para garantizar vehículos eficientes y dignos para los usuarios. Prestan un mal servicio a los ciudadanos, son conducidos por cafres y son los responsables de múltiples accidentes. Sin embargo, no contentos con esos $500 millones, los diputados de la vieja Asamblea Legislativa perdonaron más de $26 millones en concepto de multas y esquelas impuestas a los buseros.
Estos hallazgos han sido posibles gracias a los cambios que los ciudadanos impulsaron al elegir a nuevos diputados en la Asamblea Legislativa. Sin esto no habría sido posible encontrar que, por ejemplo, una sola ONG recibió más de $10 millones, o que se haya eliminado el sistema de plazas fantasma dentro del parlamento.
Es precisamente esta nueva dinámica política la que está permitiendo la transformación de la sociedad salvadoreña, un proceso de emancipación que se lleva a cabo sin derramar una sola gota de sangre y sin disparar una sola bala, a diferencia del conflicto armado de los años ochenta, que culminó con el pacto entre ARENA y el FMLN.
Los que se beneficiaban con este sistema corrupto son los que ahora buscan conservarlo, y alegan en su defensa la vulneración de derechos. Sin embargo, los ciudadanos hablan claramente: el 92.1% de los salvadoreños entrevistados por la UCA aprueba la gestión del presidente Nayib Bukele. Este amplio respaldo lo confirman todos los estudios, incluyendo las encuestas de los aparatos de propaganda de la oposición.
La buena noticia es que ya se está desmontando todo este sistema de reparto de fondos, subsidios y privilegios hacia pequeños grupos. Ayer, la nueva Asamblea Legislativa dio un paso para eliminar el control que gremiales empresariales tenían de instituciones públicas, imponiendo a sus representantes y, desde ahí, aprovechando información clasificada en beneficio propio. Son grupos que se apropian de la representación popular, pero que en realidad tienen una agenda privada y particular.
Las instituciones deben estar al servicio de los ciudadanos, no de pequeños grupos de poder. Y ha llegado la hora de hacer los cambios, porque la garduña de fondos públicos ha terminado.
