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Informes de exámenes especiales hechos por la Corte de Cuentas de la República (CCR) son evidencia clara de cómo los partidos tradicionales ARENA y FMLN aprovecharon la atomización del territorio en 262 municipios para que los gobiernos locales bajo su bandera fomentaran prácticas ilegales en el uso de los recursos nacionales.
Ahora que se discute una nueva división político-administrativa, a propuesta de ley del presidente de la república, Nayib Bukele, de reducir de 262 a 44 la cantidad de municipios, los partidos tradicionales y sus aliados se muestran en contra de dicho reordenamiento.
La actual configuración territorial fomentó que los alcaldes de ARENA y del FMLN hicieran mal uso de los fondos públicos que provenían de ingresos propios de las municipalidades o del viejo esquema del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes).
La CCR evidenció este delito al investigar a distintos alcaldes, tal es el caso de Jaime Recinos, quien en su calidad de jefe municipal del FMLN en Cuscatancingo (San Salvador) en el período 2006-2018 hizo mal uso de fondos públicos al cambiar el destino de $121,624.37 procedentes del 75 % del Fodes que recibía la localidad para infraestructura, pues los usó para pagar las facturas de energía eléctrica, que son gasto corriente.
Asimismo, se recetó $4,000 de fondos de la municipalidad en concepto de viáticos en misión oficial a Malasia, a pesar de que el Coamss/Opamss le había entregado $3,341.67 para el pago de los boletos aéreos y $1,980 de viáticos. El cuestionamiento de la CCR fue que el alcalde farabundista cobró «doble viático», acción ilegal con base en el Reglamento para el Control de Misiones Oficiales Realizadas por Funcionarios y Empleados del Sector Público y Municipal.
Para el filósofo y analista David Hernández, los partidos ARENA y FMLN se oponen a la reducción del número de municipios porque «se les corta la posibilidad de ofrecer prebendas a los políticos corruptos a cambio de su apoyo, como diputaciones, alcaldías, puestos administrativos, manipulación de gastos y de compras arbitrarias».
Manuel Antonio Vásquez Blanco es alcalde del FMLN en Chirilagua (San Miguel) y también enfrenta cuestionamientos de la CCR por utilizar mal $121,407.73 del 75 % del anterior Fodes para atender la pandemia (con alimentos y kits de limpieza); sin embargo, no hay evidencia contable de los bienes que fueron adquiridos por la comuna y si realmente fueron entregados a los afectados por la pandemia por la COVID-19.
El actual esquema municipal también generó que sin tener un acuerdo ese concejo efemelenista erogara $59,264.33 para la reparación y el mantenimiento de vehículos, compra de llantas, repuestos y lubricantes para automotores de la alcaldía, pero se desconoce el paradero de esos productos y servicios que se compraron con recursos públicos.
Para Hernández, los alcaldes de ARENA y del FMLN no se oponen a la reducción de los municipios porque estén preocupados por defender los derechos de la población, sino porque «están preocupados porque con esta reestructuración pierden sus privilegios».
Uno de los privilegios que se recetó con fondos públicos Jorge Alberto Rivas en su calidad de alcalde de ARENA en el municipio de Coatepeque (Santa Ana) fue la compra de teléfonos celulares de alta gama para él y el resto de los miembros del concejo municipal.
Rivas, quien fue derrotado en las urnas en las elecciones de 2021, enfrenta desde ese año una investigación penal por haber utilizado $43,000 para comprar aparatos telefónicos de uso personal.
El 1.º de junio pasado, al hacer el anuncio de la propuesta para reducir la cantidad de municipios, el presidente Bukele argumentó que la reorganización de la división político-administrativa permitirá el combate contra la corrupción, porque los alcaldes serán fiscalizados de mejor manera, pues ya no serán 262, sino 44.
Además, planteó que los jefes municipales harán «mayor y mejor uso de fondos públicos en obras y no en planillas» salariales de alcaldes, concejales, suplentes, secretarios, asesores, tesoreros, directores y gerentes de las municipalidades. Según el Ministerio de Hacienda, la reducción de alcaldías, así como la de diputaciones de la Asamblea Legislativa de 84 a 60, generará al Estado salvadoreño un ahorro de $250 millones.
Para el analista político y sociólogo Mauricio Rodríguez, los partidos ARENA y FMLN se oponen a la reducción de los gobiernos locales porque se cerrará la «fuente de financiamiento para sus actividades políticopartidistas». Un ejemplo de esto es que Jesús Medina, quien hasta 2021 fue alcalde de ARENA en Conchagua (La Unión), utilizó $33,000 de la municipalidad para pagar camisas y publicidad partidaria, según la CCR.
«El Fodes sirvió para enriquecer a alcaldes corruptos y para pagar favores políticos; si no, veamos cuántos llegaron a ser alcaldes sumidos en una terrible pobreza y salieron con dinero en sus cuentas, con nuevas casas, nuevos vehículos y producto de esa época de “vacas gordas”», expresó Rodríguez.
Otra prueba de esta corrupción bajo la actual configuración municipal quedó evidenciada en abril de 2021, cuando en un procedimiento conjunto entre la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República fue capturado Salvador Hirezi, quien fungía como alcalde por el FMLN en Zacatecoluca, La Paz, por irregularidades en contratos de proyectos municipales.
El 26 de mayo pasado, Hirezi fue condenado por el Juzgado Primero de Sentencia de Zacatecoluca a 18 años de cárcel por dos casos de negociaciones ilícitas y dos de cohecho (sobornos). Según las investigaciones fiscales, Hirezi y un grupo de empleados de la alcaldía recibieron dinero de empresarios que fueron favorecidos con la adjudicación de contratos para la ejecución de proyectos públicos.
