Las recientes reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa a la Ley Especial para Regular los Beneficios y las Prestaciones Sociales a los Veteranos y Excombatientes que Participaron en el Conflicto Armado permitirán incorporar a personas que históricamente tenían derecho a recibir prestaciones ofrecidas por ARENA y el FMLN, pero que fueron excluidas por motivaciones políticas.
El artículo 2 de dicha ley garantiza la calidad de excombatientes a los salvadoreños que participaron en el conflicto armado desde el 1.º de enero de 1980 hasta el 16 de enero de 1992 y que están asentados en el Registro Nacional de Excombatientes del FMLN.
Sin embargo, no estaban todos los que debían ser incluidos, por lo que la reforma amplía el listado existente con los registros del Ministerio de Gobernación y la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (Onusal).
En los gobiernos de ARENA y del FMLN, en lugar de garantizar la completa inclusión de todos los participantes en el conflicto, hubo manipulación para excluir a unos y beneficiar a otros.
Cuando el FMLN gobernaba ordenó incorporaciones ilegales que generaron que personas que nunca combatieron con la guerrilla ni durante el conflicto armado se lucraran de pensiones, viviendas y terrenos que fueron entregados con fondos públicos desde el Estado por medio del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes.
En otras palabras, les dieron la espalda a aquellos que expusieron la vida, sufrieron heridas y mataron en su nombre a cambio de favorecer a arribistas y activistas recién llegados. En los 10 años de gobiernos del FMLN, los excombatientes de la guerrilla fueron marginados y nunca se tomaron medidas decisivas para superar sus exclusiones históricas.
Muchos pensaron que tras superar los 20 años de gobiernos de ARENA iba a llegar el momento de conocer la justicia, pero pasaron las dos administraciones del Frente sin recibir lo que ansiaban.
Con la llegada del presidente Nayib Bukele, la situación para este sector de la población ha empezado a cambiar, ya que una a una se han ido cumpliendo las promesas de campaña.
Al respecto, las actuales reformas incluyen un fondo rotativo de $5 millones para dar créditos a corto, mediano y largo plazo. Además, el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes podrá hacer convenios con hospitales y clínicas públicas o particulares para atender a sus afiliados, y ha quedado autorizado para comprar medicinas, insumos, maquinaria y contratar a médicos para que atiendan a sus beneficiarios.
Sin duda, después de décadas de olvido, marginación y traiciones, este grupo de la población empieza a ser tratado dignamente.
