«La historia se repite dos veces: la primera como tragedia, la segunda como farsa». Cuánta razón tenía el filósofo de Tréveris si a partir de esa afirmación analizamos la coyuntura política nacional y las acciones desesperadas de medios tradicionales de comunicación, exmagistrados de la Sala de lo Constitucional, abogados autonombrados «constitucionalistas», todos con una agenda abiertamente de oposición.
En julio de 2018, el espectro político nacional se activaba por medio de una estrategia sucia: el Tribunal Supremo Electoral, por orden de la Sala de lo Constitucional, en una sentencia que a todas luces constituía un prevaricato (como se denunció luego ante la FGR), cancelaba al partido Cambio Democrático (CD), pese a que tenía un diputado electo en la Asamblea Legislativa, siendo una de las excepciones a las causales de cancelación; es decir, por estar dentro de dichas excepciones, el CD no debía ser cancelado, pero como era una orden de la Sala había que cumplirla. Creo que vale la pena mencionar el nombre de aquel diputado del CD, pues fue alguien que luchó hasta el final: Juan José Martel (Q. E. P. D.).
Lejos quedaban las aspiraciones del recién fundado Nuevas Ideas, que en su búsqueda por cumplir los requisitos y establecerse como partido político consiguió firmas en tiempo récord, generando uno de los movimientos políticos más importantes y con mayor apoyo popular de la historia de El Salvador; no obstante, su entonces precandidato Nayib Bukele se quedaba sin partido con el cual inscribirse y competir.
La decisión ordenada desde las altas esferas del poder económico y político que controlaba toda la institucionalidad del Estado daba tranquilidad a los dos candidatos de las élites que habían dominado por tres décadas: Carlos Calleja, de ARENA, y Hugo Martínez, del FMLN. La estrategia era simple, sacando del juego a Nayib Bukele, quien en todas las encuestas era el preferido por la población para ganar las elecciones presidenciales, la gente tendría que votar por el «menos peor» de las opciones que le quedarían en las presidenciales de 2019.
Serpientes de paraíso
La historia la conocemos, puesto que Nayib encontró un medio legal para competir, venciendo en primera vuelta a sus contrincantes. De nada sirvió aquella alianza de múltiples partidos de la derecha apoyando al candidato de ARENA, y el fracaso anunciado del FMLN, que quedó rezagado en un lejano tercer lugar, como resultado de la decisión política más absurda de la historia reciente al haber expulsado a Nayib de sus filas.
Hoy la cantaleta estratégica viene desde otro flanco, pero el objetivo es el mismo: evitar que Nayib Bukele se inscriba como candidato. Para fortalecer sus argumentos, los desesperados opositores hacen llamados al desacato de resoluciones de la Sala de lo Constitucional, sí, de esa misma Sala que en el fatídico 2018 ordenó cancelar al CD, pero que en ese momento defendían hasta la saciedad diciendo que las resoluciones de la Sala son de obligatorio cumplimiento. Esos mismos opositores ahora le venden historias de miedo a la comunidad internacional, que, dicho sea de paso, ya no las está comprando, e incluso se atreven a hacer insanos y enajenados llamados a la insurrección.
En el ambiente deportivo es común el uso de la expresión «ganar en la mesa», con la que algunos equipos buscan obtener un resultado sin competir o, peor aún, invertir el resultado después de haber sido vencidos, eso buscaron en 2018, que era año preelectoral, eso buscan en este 2023.
Ante la imposibilidad de conjuntarse como bloque de oposición, lo que les va quedando como estrategia a esos sectores opositores es pelear en la mesa, sacar del juego al rival más fuerte, y para eso buscan atemorizar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
La historia se repite dos veces, porque aquella tragedia que fue vencida por el pueblo al apoyar a Nayib ahora se repetirá como farsa en la que aquellos que gritaban a los cuatro vientos que las sentencias de la Sala se cumplen no tienen la solvencia moral y mucho menos ética de decir que esta vez no debe cumplirse.
El resultado será el mismo, serán derrotados en las urnas de manera contundente, y para eso debemos confiar en la independencia del Tribunal Supremo Electoral, el cual debe cumplir el mandato emanado por la Sala de lo Constitucional, puesto que las resoluciones no son emitidas por personas individuales, sino que por el Órgano, y aunque les guste a unos y no les guste a otros, son de obligatorio cumplimiento, lo fueron antes, lo son ahora y lo serán en el futuro. Allí radica la verdadera independencia y la seguridad jurídica del país.