Los salvadoreños tenemos ocasión de celebrar y realizar cada tres años un evento cívico que define la configuración de nuestras autoridades —legislativas y municipales—, y no es para menos, ya que es la única oportunidad donde el concepto «soberanía del pueblo» es materializado en su totalidad.
Cabe destacar que el 28F no fue una celebración cívica tradicional. A diferencia de todos los eventos electorales que hemos tenido, donde votamos por una ideología u oferta partidaria tradicional, el 28F se caracterizó por el fortalecimiento de las políticas en los cambios estructurales que ha iniciado el Órgano Ejecutivo, cambios que han producido que derechos como salud, educación, seguridad, vivienda, entre otros, no queden solo en manifestaciones teóricas, sino sean realidades para los salvadoreños.
Era de esperarse, no sería fácil. Para el partido que llevaba las preferencias en las encuestas, debía ser un camino lleno de tropiezos y con desigualdad de armas; sin embargo, la intensidad y la voluntad con la que el electorado quiere continuar el cambio estructural en el ejercicio de sus derechos fue la mayor guillotina para la política tradicional de nuestro país.
Eventos como la falta de 3,000 credenciales que el TSE no entregó a los miembros del partido con mayor preferencia electoral, la negación de ingreso a las instalaciones de votación de los mismos —aun después de que el TSE autorizó la instalación de las mesas sin credenciales— las acciones que se dieron para que la ciudadanía no saliera a ejercer el sufragio, no dejar votar a muchos salvadoreños que ya estaban haciendo fila antes de las 5 de la tarde, y todas las irregularidades que se dieron en el desarrollo y finalización del proceso electoral, quedaron anuladas por la comparecencia masiva y arrasadora que tuvo el voto de cada salvadoreño. Pesó más la voluntad del electorado de seguir mejorando nuestro país, que el temor que se quiso infundir con esas acciones.
La legalidad, la legitimación, la transparencia y la credibilidad de los comicios, así como el control contra cualquier acto o intento de fraude de las instituciones garantes del proceso electoral, no fueron los más óptimos en estas elecciones; por el contrario, los mandatos dados por el Código Electoral y la jurisprudencia constitucional, donde los organismos electorales «tienen como deber principal velar por la transparencia del evento electoral», fueron desplazados por la permisibilidad de las acciones que se dieron en dicho evento.
El pueblo salvadoreño decidió y firmó su voluntad, configurando el ideario que ostentará la Asamblea Legislativa y las máximas autoridades de los municipios, los cuales tendrán como reto —de la mano del Órgano Ejecutivo— la continuidad del cumplimiento y la materialización del ejercicio de los derechos fundamentales que hoy se hacen realidad en las vidas de los que decidieron seguir con esas políticas iniciadas en junio de 2019.
Finalmente, es esencial mencionar que los diputados y los alcaldes que no tuvieron la venia del electorado para continuar en sus cargos olvidaron un punto importante como señala la Sala de lo Constitucional: «Las facultades que la ley confiere expresamente no se traducen en privilegios, sino en exigencias de cumplimiento a favor y al servicio de los administrados». Esto deberán tenerlo en cuenta los nuevos funcionarios que ingresen, y que toda la función pública vaya orientada a mejorar la vida de los salvadoreños, como se está haciendo en el Órgano Ejecutivo.
Felicidades, pueblo salvadoreño. Con la protección de Dios, cumplimos y ejercimos el artículo 83 de la Constitución: «La soberanía popular reside en el pueblo». Y así quedó escrito en la historia de nuestro país para bien de todos los que no y los que sí acudieron masivamente a votar.
