El Gobierno del presidente Nayib Bukele marca un nuevo hito histórico en su cruzada para la defensa de los derechos humanos de los salvadoreños. La Fiscalía General de la República ejecutó, en coordinación con la Policía, exhaustivas investigaciones para presentar una acusación contra toda la estructura de mando de la pandilla MS. La mayoría de los cabecillas de esa organización criminal ya ha sido capturada, y, como Estado, el Gobierno presenta una acusación formal por más de 50,000 delitos cometidos desde 2012. Se trata de la acusación masiva más grande de la historia, superando incluso al Maxiproceso con el que el Estado italiano enjuició a la mafia.
Ahora El Salvador inicia una nueva etapa de justicia. Se ha identificado a los cabecillas de la pandilla que ordenaron esos delitos y que, en complicidad con el prófugo expresidente del FMLN Mauricio Funes, crearon un «Estado criminal paralelo», capaz de controlar territorio y población, recaudar fondos (a través de una extorsión que justificaban con el nombre de un impuesto, la ominosa «renta»), aplicar normas e impartir «justicia» (los crueles castigos contra sus propios integrantes y contra las personas que cuestionaban el poder de la organización criminal) y que tenían grupos armados.
De acuerdo con la acusación formal, la MS actuaba como una estructura organizada de poder, capaz de imponer toques de queda y autorizar matanzas conocidas como «válvulas».
Aunque se trataba de millares de pandilleros implicados, esa estructura organizada de poder tenía una cúpula de casi 500 delincuentes, los cuales serán acusados de todas las atrocidades cometidas. Entre esos criminales destacan los 24 integrantes de la «ranfla histórica», una especie de alto mando que avalaba los delitos.
Esta acusación que presenta el Gobierno inaugura una nueva doctrina, la de la defensa penal del Estado, a través de la cual un Estado declara la guerra contra organizaciones criminales. Este es el fenómeno que sucede, por ejemplo, en Ecuador, donde las bandas delincuenciales —muchas de ellas vinculadas al narcotráfico— mantienen un conflicto abierto con el Gobierno.
Gracias a esta iniciativa del Gobierno del presidente Bukele, los salvadoreños víctimas de las pandillas y sus familiares sobrevivientes podrán recibir la justicia que las administraciones pasadas de ARENA-FMLN les negaron. Hoy se hace justicia y se da un paso fundamental para eliminar la posibilidad del resurgimiento de las pandillas. La tarea continúa hasta erradicar toda la estructura que estos criminales crearon en todo el país.