Los anteriores gobiernos, que se vendían como los únicos demócratas, defensores del Estado de derecho y supuestos garantes del desarrollo de El Salvador, mancillaron cada uno de los anhelos del pueblo salvadoreño con diferentes expresiones desvergonzadas.
Es así como escribieron páginas de una profunda corrupción, secuestraron el Estado para los intereses de sus mecenas y le dieron a la ciudadanía dosis continuas de indiferencia, porque su objetivo era claro: comprar gobernabilidad y apoyos políticos para legitimar sus acciones contra la gente, mientras las soluciones nunca llegaron y durmieron el profundo sueño de la indiferencia y el desinterés.
Es así como imperó el reino de la oenegé de fachada y la falsa gobernabilidad comprada con apoyos políticos a golpe de dinero, que se drenó desde las cuentas de la partida 54315 Gastos Reservados de Casa Presidencial hacia billeteras de personas que se mofaron de las necesidades del pueblo y se lactaron por años al mancillar el dinero que debía ser para hospitales, medicinas, escuelas y obras públicas de bienestar.
Según los datos iniciales de la comisión especial de la Asamblea Legislativa, que investigará el pago de los sobresueldos desde Casa Presidencial, son entre 600 y 700 personas las que en los últimos 30 años en las administraciones de ARENA y del FMLN recibieron desde $1,000 hasta $10,000 en pagos bajo la mesa, dinero que se obtenía de un rubro presupuestario discrecional, sin rendición de cuentas, y que fue un germen de una profunda corrupción que carcomió al país, corrompió el sistema político y legislativo y creó una masa ineficiente de burócratas contra la gente.
Para dimensionar este desfalco, durante la gestión de Salvador Sánchez Cerén el gasto reservado fue $183.8 millones, en la administración del prófugo nicaragüense Mauricio Funes ascendió a $351 millones y en el mandato de Antonio Saca ascendió a $315.9 millones: $850.7 millones solo en 15 años que equivalen a 12 hospitales nacionales, completamente equipados para las diferentes especialidades, o dos parques geotérmicos nuevos, por mencionar contrastes.
Hay casos tan obscenos, como el de la diputada Margarita Escobar (ARENA) que recibió más de $300,000 en cinco años como exviceministra para los Salvadoreños en el Exterior. «Los recibía de buena fe», dijo en una entrevista hace un par de años, confirmando su descaro ante una clara acción ilegal, por lo que se abre esta posibilidad de investigar e ir más allá del trabajo que los diputados de la bancada cian están haciendo.
Incluso, Funes y Sánchez Cerén violaron una sentencia de la Sala de lo Constitucional de 2010, que prohibió desviar los ahorros presupuestarios de los ministerios y de las autónomas a la presidencia de la república para rellenar la partida secreta y con esto seguir el millonario despilfarro que nada le dejó a los salvadoreños honestos y trabajadores.
Si queremos seguir con esta triste historia, en los últimos 11 años, las anteriores legislaturas entregaron un aproximado de $279 millones a 360 organizaciones de forma irregular. El esquema se triangulaba entre la comisión de hacienda del congreso, la aprobación anual del presupuesto del Estado y un falso oenegerismo donde existía una mezcla de activismo político y la participación de diputados o militantes de partidos políticos en las juntas directivas de las instituciones.
Esto plantea la posibilidad de que existan negociaciones ilícitas, ya que con las declaraciones de los primeros entrevistados como el exgerente de operaciones legislativas y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Armando Pineda, o la misma exdiputada del FMLN Lorena Peña, se confirma que no hay ninguna ley o norma que faculta la erogación de este recurso, por lo que también era otra forma de beneficiar a una sociedad civil que se alineaba con intereses coyunturales o acorde a estrategias de compra de voluntades.
¿Qué nos dejan todos estos elementos que no queremos que se repitan? Lo primero que queda claro es que hoy hay una defensa real de los intereses del pueblo frente al falso oenegerismo de fachada y los sobresueldos del pasado.
La decisión de la Asamblea Legislativa de crear dos comisiones especiales para investigar esta desidia es la correcta y va en el rumbo correcto, porque demuestra el porqué y el espíritu real de estas instancias, contrario a la anterior legislatura que cayó en una burda «comisionitis legislativa» para hacer show y generar desgaste político, que se volteó y reconfirmó que ARENA y el FMLN eran un binomio contra la gente.
El otro tema fundamental es que hay una oportunidad de devolver al pueblo todo lo que se le robó con estos dos mecanismos, ya que el trabajo de ambas comisiones especiales es vinculante y se puede configurar la responsabilidad civil y penal ante la Fiscalía General de la República y los tribunales.
Es de este modo que ya se abrió la puerta para que por fin entre la luz y se salde esta deuda con la ciudadanía, y se esclarezcan todas las responsabilidades y los beneficiarios de esta mamandurria que dejó al pueblo por años sin respuestas ante sus necesidades más sentidas, mientras que otros engrosaban sus cuentas y billeteras sin retribuirle a los salvadoreños. La población demanda respuestas y hoy, con la Asamblea Legislativa de su lado, se avanza a buen puerto con el rumbo y el camino claro.