En oportunidad me refiero a hombres y mujeres que se encuentran desaparecidos desde junio de 2019 hasta la fecha, pero no por la violencia de las pandillas, son exfuncionarios corruptos de partidos políticos en El Salvador que han desaparecido del país, que se involucraron en actos de corrupción, malversación de fondos públicos, hurtos, robos, alianzas político-criminales, negociaciones ilícitas, peculado, lavado de dinero, sobornos, cobros de renta o extorsión por el 10 % o más por contrato ganado, entre otros delitos. Son mujeres y hombres los más buscados ya que nadie conoce su paradero. Unos pasaron las fronteras terrestres y algunos, por vía aérea; pero no me cabe duda de que otras y otros lo han hecho por puntos fronterizos no habilitados, han tenido que recurrir a coyotes para no dejar evidencia de su último movimiento migratorio.
Estas personas desaparecidas tomaron la decisión de escapar para huir de El Salvador porque el esquema perverso que diseñaron llegó a su fin, ya que los institutos políticos que les permitieron escalar social y económicamente desde 1992 finalizaron. El modelo era sencillo y práctico, hacer creer que las instituciones del Estado salvadoreño eran incapaces de brindar servicios básicos asistenciales de calidad a la población y que debían privatizarse y, por supuesto, estas nuevas empresas y las sociedades que participaban eran de grupos de poder económicos, financieros, fácticos, de familias poderosas previas al conflicto, y otras que gestaron las negociaciones. Se hacían caer en grandes pérdidas y quiebras técnicas, las pagaba el Estado y luego las adquirían privados. ¡Qué gran negocio! El modelo incluía el reparto de las instituciones que sobrevivirían y las creadas con los acuerdos de 1992, unas para la derecha, otras para la izquierda, pero también se dieron cuenta de que tenían que hacer parecer que existía democracia y compraron gobernabilidad y margen de operaciones, por lo que les dieron algunos premios de consuelo a partidos políticos oportunistas.
Qué manera más sinvergüenza de algunas y algunos de llegar ante un órgano de Estado como la Asamblea Legislativa a brindar detalles sobre los sobresueldos y las prestaciones adicionales a la ley. Cómo se aprovecharon de los fondos públicos para guardar silencio y beneficiarse personalmente. Es más, ante señal abierta a escala nacional, cables y redes sociales, decir que sus ingresos eran bajos y que cada mes llegaban a la casona a retirar sus sobres. Mujeres y hombres, muchos sin formación académica y sin empleos formales previos. Otros funcionarios recibieron dinero del Órgano Ejecutivo y pertenecían a otros órganos del Estado e instituciones.
Las y los exfuncionarios que se encuentran desaparecidos inventaron cualquier tipo de excusa para desaparecer, otros mejor tramitaron sus viajes en primera clase para Nicaragua, México, Europa o cualquier país en el que no exista extradición porque consideran que el brazo de la justicia salvadoreña no los podrá alcanzar. Mientras eso sucede y llega el momento, disfrutan de los fondos públicos que se robaron y que sacaron del país en efectivo en sus viajes oficiales, o los tenían en paraísos fiscales, pero la extinción de dominio les llegará tarde o temprano. Los gobiernos que los protegen serán derrocados.
La lista de exfuncionarios que van a continuar desapareciendo del país parece que seguirá creciendo en la medida que avancen las investigaciones, y se judicialicen los casos de corrupción, asociaciones y negociaciones ilícitas y otros. Las alertas en redes sociales y medios de comunicación no funcionan ni operan en esos países que ahora los esconden. No son perseguidos políticos, son políticos corruptos que cometieron delitos graves en El Salvador y ahora se encuentran huyendo de la justicia.
