El Ministerio de Seguridad, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR) trabajan de manera conjunta una serie de reformas para garantizar la tranquilidad de los salvadoreños.b
Gracias a las medidas especiales que permite el régimen de excepción, la guerra contra las pandillas tomó la fuerza que necesitaba y ha permitido enviar a prisión a 49,000 integrantes de estructuras delincuenciales y a sus colaboradores.
La sociedad salvadoreña ha sufrido durante décadas los azotes de la criminalidad, el terror que las pandillas impusieron en barrios enteros y la zozobra por las amenazas para pagar las extorsiones. Miles de familias tuvieron que abandonar sus hogares víctimas de los delincuentes que campeaban a sus anchas y que, gracias a sus pactos con los políticos corruptos, eran intocables.
Eso cambió con la implementación del Plan Control Territorial y la guerra contra las pandillas declarada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele. El régimen de excepción ha permitido que las detenciones sean la regla mientras dure el proceso judicial contra los criminales.
Los colaboradores de las pandillas también han sido incluidos y son tratados con la misma dureza para evitar que los delincuentes evadan la justicia.
No obstante, debido al sistema judicial creado por ARENA-FMLN, las leyes son en extremo garantistas y una serie de tecnicismos basta para que un homicida múltiple quede libre o cumpla una irrisoria pena de cárcel.
Para que eso no suceda y se dé un verdadero cambio en el país, las autoridades de Seguridad Pública, la CSJ y la FGR trabajan para adecuar las leyes con la realidad nacional.
La legislación vigente fue retomada de modelos europeos que ni siquiera se implementaron en los países en donde se crearon, ya que dejan demasiadas puertas abiertas para la impunidad.
Operadores jurídicos sin escrúpulos encuentran cualquier rendija legal para que un juez del viejo sistema penal tenga la justificación para liberar a un peligroso delincuente.
El objetivo de la nueva reforma penal es que los integrantes de las pandillas permanezcan en la cárcel pagando una condena ejemplar y contundente, para tranquilidad de la ciudadanía.
El Salvador dejó de ser el país con más homicidios en el mundo a ser un ejemplo de combate a la delincuencia, con una drástica reducción de asesinatos, gracias a que los pandilleros están en las cárceles y no en las calles y a que tampoco tienen posibilidades de comunicarse con los delincuentes que todavía quedan libres, debido al efectivo bloqueo de comunicaciones en las prisiones.
El régimen de excepción ha demostrado ser eficaz en la lucha contra las pandillas, una tarea que sigue en marcha.