A manera de introducción es de recordar que en Palermo, Italia, en el 2000, se dio la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y se determinó que el crimen organizado vulnera la seguridad y desarrollo nacional de los Estados; 20 años después el crimen organizado a escala mundial sigue igual de fuerte, pero en El Salvador se está dando un golpe mortal a estas estructuras delincuenciales. En ese sentido, la Fuerza Armada se suma a las tareas de seguridad pública, con el objetivo principal de atacar de manera coordinada y eficiente el accionar de estos grupos al margen de la ley, ya que al ser complejos y jerarquizados se necesita de todo el aparato estatal para erradicarlos.
Es importante tener claridad teórica sobre cómo opera el crimen organizado, el cual posee objetivos ligados a obtener beneficios económicos que quebrantan la línea entre lo legal y lo ilegal, gracias al factor de oportunidad que favorece el entorno criminal, que permite un sistema judicial ineficiente y la falta de presencia del Estado en el territorio.
El crimen organizado tiene la capacidad de actuar, infiltrarse e interferir en las instituciones públicas y privadas de todos los países, ya sean europeos, africanos, asiáticos o americanos. Asimismo, ha afectado la calidad de vida de la población al generar el aumento de la violencia, la inseguridad y la corrupción en dichas instituciones a escala mundial; sumado a eso se dedica a traficar drogas ilícitas y viola la soberanía de los países para el traslado de estas sustancias. Entonces se afirma que dentro del abanico de estructuras delincuenciales que forma el crimen organizado está el narcotráfico, el cual es una amenaza que también afecta al Estado salvadoreño de manera particular.
Centroamérica, por su ubicación geográfica, se convierte en un puente para el tráfico ilícito de drogas, lo cual es un problema que afecta la institucionalidad de los Estados nacionales, vulnerando o infiltrándose en instituciones responsables de ejercer justicia y contrarrestar este delito, provocando que la sociedad se vea afectada por el narcotráfico. Por tal razón, los Estados están en la obligación de proteger a sus ciudadanos y crear los mecanismos necesarios para combatir eficientemente este tipo de delito.
Ante esta realidad es que el Estado salvadoreño necesita ejercer control en todos los dominios, ya sea terrestre, aéreo o marítimo, de ahí que esta seguridad interna requiera de la participación de la FAES en el combate contra las amenazas que afectan directamente la seguridad y el desarrollo nacional, las cuales vulneran la seguridad interna y los objetivos nacionales.
Sin embargo, actualmente el Estado salvadoreño, utilizando la Fuerza Armada a través del Plan Control Territorial, aumentó la presencia a escala nacional, lo que le ha permitido al Estado un mayor control del territorio y una mayor eficiencia en el combate del accionar del crimen organizado.
En el pasado, la falta de presencia del Estado en el territorio y los vacíos legales para combatir a estos grupos fortaleció su accionar y permitió que tomaran fuerza, a tal grado que generaron inestabilidad en la conducción del Estado y sometieron a la sociedad salvadoreña. Por tanto, para combatir las redes del narcotráfico es de vital importancia la participación de la FAES, con la finalidad de mantener la seguridad interna amparando su misión constitucional.
Es de recordar que El Salvador constitucionalmente posee 200 millas náuticas de mar territorial; además, la ruta más común para trasladar la droga es por vía marítima. Por eso se hace un trabajo colaborativo interinstitucional entre la División Antinarcóticos de la PNC junto con la Fuerza Naval para custodiar el mar territorial salvadoreño en altamar y detener la mayor cantidad de droga que viaja en embarcaciones rápidas hacia Norteamérica. Por eso, la Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Fuerza Naval salvadoreña controla las aguas profundas en el océano Pacífico que pertenecen al país, con el fin de romper las estructuras criminales transnacionales que intentan mover cocaína desde Sudamérica.
Tan importante es el trabajo que hace la Fuerza Naval que el pasado 20 de agosto de 2022 decomisó 1,350 kilogramos de cocaína a 480 millas náuticas (889 kilómetros) del puerto de Acajutla, departamento de Sonsonate; agregado a eso es de mencionar que en estos cuatro años hay más de 45 toneladas de cocaína confiscadas, por lo que en El Salvador se les ha cortado las líneas marítimas a los narcotraficantes, que violan la soberanía.
El narcotráfico es un problema de interés nacional, en la medida que afecta el sistema jurídico, social, salud pública, además de provocar que los Estados gasten recursos económicos, materiales y humanos para mantener el control del territorio. El Estado salvadoreño a través de su legislación ha establecido procedimientos legales que le permiten contrarrestar el narcotráfico, actualizando el desenvolvimiento de las instituciones encargadas del control y el combate de este delito.
En el caso salvadoreño, la droga que circulaba en el país, en su mayoría, era distribuida por las pandillas; a través de esta dinámica económica criminal el dinero obtenido por el negocio de la droga mediante el narcomenudeo permitió a las pandillas comprar armas e incrementar la distribución de droga, de ahí que lucharan y defendieran la idea de «defender sus barrios», para ser distribuidores de droga. Esa era una de las causas de la violencia desmedida, de las privaciones de libertad, los desplazamientos forzosos y las desapariciones que sufrían los salvadoreños a manos de estos delincuentes, que a través de actos terroristas se enfrentaban entre ellas, a las autoridades y amenazaban la población civil para controlar el mercado de las drogas; su accionar era por medio de violencia extrema, atroz y visible para desafiar a la autoridad y dejar un mensaje de control social y territorial para eliminar la competencia, a eso hay que agregar políticos corruptos que se beneficiaban económicamente o a través de votos, por medio de la complicidad.
Afortunadamente el actual Gobierno mantiene una lucha frontal contra las estructuras del narcotráfico para evitar otros delitos que se generan en torno a esa actividad ilícita que afecta la seguridad y el desarrollo nacional.