La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura de nueve empleados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) por formar parte de una red corrupta dedicada a eliminar las anomalías detectadas en las auditorías hechas a las alcaldías. Entre los capturados hay jefes, directores y auditores. Sus actividades ilícitas incidieron directamente en 45 municipalidades, a las que eliminaron los señalamientos de irregularidades hasta desvanecerlos, como si de un plumazo las autoridades locales hubieran subsanado los problemas detectados.
Que las inconsistencias graves detectadas en las investigaciones iniciales desaparecieran después de un pequeño proceso de «maquillaje» es una muestra de cómo la vieja clase política promovía la corrupción y, a través de más corrupción, la tapaba dentro de la institución llamada por la Constitución de la República a hacer un trabajo contralor.
Las investigaciones de la Fiscalía General surgieron desde las denuncias de malos manejos de las transferencias de dinero del Gobierno Central a través del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes). En realidad, estas transferencias de recursos no iban destinadas a mejorar las condiciones de vida de las familias, ya que los alcaldes de ARENA, FMLN y sus aliados se dedicaron a desviar esos fondos para enriquecerse, dejando de lado las necesidades de la población.
Bajo el argumento de descentralizar como sinónimo
de democratizar, el dinero fluyó directamente hacia
funcionarios corruptos que en lugar de hacer obras
sensibles en cantones, caseríos, barrios y colonias lo
dedicaban para favorecerse a sí mismos y a sus aliados.
La manera más evidente fue a través de contrataciones
con evidentes sobreprecios, que encarecían absurdamente obras pequeñas, como adoquinar calles, y asignadas arbitrariamente a allegados o cómplices.
Fue famosa la construcción de una parada de buses en Santa Ana que se anunció que costó miles de dólares, a pesar del evidente trabajo barato que se hizo, lo que ilustra de buena forma la manera en que se sustraían fondos públicos y se desviaban para fines corruptos.
La corrupción que drenó fondos para el desarrollo está siendo perseguida para recuperar recursos para el pueblo. El Gobierno del presidente Nayib Bukele tiene un firme compromiso para hacer un uso más eficiente de los fondos públicos, eliminando burocracia innecesaria y mejorando los procesos para ejecutar obras. Eso es lo que busca la reducción de diputados y de municipios, algo a lo que la vieja clase política se opone para tratar de conservar sus fuentes de ingresos.