En los alegatos finales del juicio en contra de 34 presuntos traficantes de personas, la Fiscalía General de la República solicitó ayer penas máximas para cada uno de los miembros de la red que afectó a 70 personas.
Los fiscales expusieron al Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, que durante toda la etapa de investigación documentaron cada uno de los casos y anexaron las pruebas con las cuales consideran puede imponerse condenas por las acciones delictivas en las que incurrieron los imputados.
El ministerio público presentó declaración de investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) que hicieron diversas diligencias consistentes en seguimiento y vigilancia, además establecieron la forma en la cual esta red estuvo activada en todo el país. A las víctimas las contactaron en los departamentos de San Miguel, Cabañas, Chalatenango y Ahuachapán, les ofrecían diversos «viajes seguros» y de diversas categorías.
Les propusieron los tradicionales viajes por pagos de $4,000 y los «especiales» de hasta $16,000 con la garantía que eran muchos más seguros y cómodos.
En la estructura cada uno de los integrantes tenía roles específicos y la función que tenían era clave para trabajar como una red organizada, realizaban los reclutamientos, traslados a casas de albergue, luego llevaban las víctimas hasta Guatemala para sacarlas del territorio y entregarlas a los guías que eran los responsables de transportarlos a México con destino final Estados Unidos.
Los fiscales han detallado durante el juicio que a los miembros de la red los estuvieron indagando durante 10 meses, a través de técnicas especializadas que les permitió identificarlos.
Según los representantes del ministerio público con el testimonio de varias víctimas han quedado claro el actuar delictivo de los imputados y no queda otra opción al tribunal que condenarlos a la pena máxima, 8 años de cárcel, por cada caso.