En cumplimiento de la Ley General de Recursos Hídricos, la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) llevó a cabo 29 procesos sancionatorios a entidades privadas por el mal uso del recurso o por cobros excesivos en el servicio de agua potable a las comunidades. De las cuales, 10 empresas recibieron una sanción económica.
El presidente de la ASA, Jorge Castaneda, explicó que esto solo es el inicio, ya que a partir del 12 de julio se venció el plazo para que los operadores privados solicitaran la autorización para usar el líquido.
«En la Ley de Recursos Hídricos, cuando no se cumple, se inicia un proceso sancionatorio, por lo que algunas de las sanciones han sido porque no han permitido que el equipo de la Autoridad Salvadoreña del Agua llegue a ver dónde están los pozos y si hay descargas de aguas residuales. Muchas de las sanciones han sido por incumplimiento de ese mandato de ley que tenemos que ir a hacer inspecciones», dijo Castaneda.

Según el titular de la institución, esto significa que esta tasa de sanciones ahora se va a incrementar, porque ese plazo de ley que se había mantenido les permitirá avanzar mucho más rápido y hacer énfasis en todos aquellos que estén contaminando los recursos de agua.
«Varios de esos procesos sancionatorios ya están abiertos, eso será por no cumplir con la transparencia en el canon por uso y aprovechamiento del recurso hídrico, específicamente para aquellos que son operadores privados, es decir, que de forma privada están usando el agua y la están vendiendo para consumo humano, pero están haciendo cobros excesivos amparados en ese lineamiento que está vigente desde el 12 de julio, por lo que van a ser sujetos de sanción», añadió Castaneda.
Las multas tienen diferentes categorías: leves, graves y muy graves. «Comenzamos con cerca de 100 salarios mínimos hasta 10,000 salarios mínimos por comercio y servicio vigente. Esto quiere decir que vamos con sanciones hasta de $3.65 millones», afirmó el funcionario.
Una sanción leve puede ser entre $2,000 y $3,000. La siguiente categoría es de $36,000 a $360,000 y la muy grave es de hasta $3.65 millones.
«Hemos iniciado en el Área Metropolitana de San Salvador, sobre todo con aquellos que están usando las aguas nacionales para fines comerciales. Ellos han sido los primeros que hemos sancionado», indicó el titular de la autónoma.
Asimismo, detalló que las sanciones han sido impuestas, aproximadamente, entre los últimos cuatro o cinco meses, ya que primero debían elaborar los instrumentos normativos correspondientes y la sanción en función del incumplimiento de esos instrumentos.
Por otra parte, el presidente de la ASA informó que varios equipos de la institución que preside hacen inspecciones a los operadores privados de la zona del lago de Coatepeque, en Santa Ana.