No busco, ni por asomo, intentar hacer el papel de especialista en temas jurídicos, mucho menos experto en temas electorales, pero sí como sociólogo de carrera abstraer de la realidad las aspiraciones, las necesidades y sobre todo lo que piensa nuestra gente, nuestra población, lo que debe ser el centro de atención del quehacer político. En consecuencia, haré una aproximación a lo que se conoce como deuda política, la que se plasma en la Constitución de la Republica en su artículo 210, que textualmente dice: «El Estado reconoce la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia. La ley secundaria regulará lo referente a esta materia».
En los últimos meses y semanas se han venido escuchando diferentes intervenciones públicas de representantes de partidos políticos opositores, quienes manifiestan estar nadando contra corriente debido a que el Gobierno les adeuda millonarias cantidades de dinero en concepto de deuda política, esta misma que se conoce —hasta la saciedad— sirvió en el pasado para enriquecer las cuentas bancarias y los bolsillos de «dirigentes políticos», y que otra parte sirvió para tapizar nuestro país de propaganda electoral, de inundar los medios de comunicación radial, televisivo y escrito de la misma propaganda, es decir, como país y contribuyentes debemos pagar con nuestros impuestos el que generen toda esa «contaminación visual y auditiva».
Para ser honesto, la deuda política es un mecanismo creado por legisladores constitucionalistas que en aquel momento histórico importante para el país vieron la necesidad de remarcar en la Constitución de la República que los partidos políticos contendientes tuviesen todas las garantías y el apoyo estatal para participar en los comicios electorales, pero también recordemos que en esa época recién se había derrocado una dictadura militar que se establecía en nuestro país desde 1932, y culmina mediante golpe de Estado en octubre de 1979, época cuando sonaban los tambores de guerra, las bombas y las balas y se buscaban mecanismos de participación de las diferentes expresiones políticas existentes.
La deuda política es el pago que se hace a los partidos políticos para que den a conocer sus plataformas, sus propuestas y sus ideas para la nación, pero hay un hecho que no debe dejarse de lado: en 2019, cuando el presidente Nayib Bukele llega a la presidencia, lo hace generando una ruptura histórica, se rompe un paradigma, y como él dijo en sus intervenciones, se crea una nueva forma de hacer política, la que se da a conocer aun en el diseño de campaña, recurriendo a nuevas modalidades de llevar sus propuestas a la nación, y esta fue mayoritariamente por medio del uso de la tecnología de punta, tomando en cuenta que en nuestro país —y según datos de la Superintendencia de Electricidad y Comunicaciones— hay 10.2 millones de líneas de celulares activas. El Salvador tiene más móviles que habitantes. La población supera los 6.3 millones de hogares, es decir, hay aproximadamente 3.9 millones de líneas o celulares adicionales.
Creo importante expresar que la deuda política es una medida anacrónica y fuera de contexto, pues estableciendo un marco comparativo con el derogado Fodes en sus inicios fueron bien direccionados, pero se contaminaron en el camino; por una parte, el Fodes serviría para llevar desarrollo a las comunidades, lamentablemente sirvió para enriquecer a unos pocos, entre ellos, alcaldes, y para la contratación de ejércitos de gente con la cual asumían compromisos previo apoyo electoral, lo que conocemos como «clientelismo político»; por otra parte, la «deuda política» serviría para que los partidos políticos se motivaran a participar, pero con el paso del tiempo lo contaminaron y ese dinero —reitero— llegó a cuentas y bolsillos de dirigentes políticos del pasado.
Dejo clara la posición del salvadoreño de a pie, al que le duele y le cuesta pagar sus impuestos, que la deuda política debería ser derogada, pues ya no corresponde, históricamente hablando, a una necesidad real de participación política.