Es interesante reconocer los derechos de los menores; no obstante, hay actores o servidores públicos que hacen interpretaciones hasta cierto tipo antojadizas, olvidando que sujetos de ley son todos aquellos funcionarios y empleados públicos, así como instituciones del Estado, sin dejar de lado a la familia, que es la base y la cuna donde se forman los valores y los principios, pero que, lamentablemente, y debido a los marcos referenciales limitados, trasladan la responsabilidad directa a las instituciones, a funcionarios y, por último, a los empleados públicos; para el caso, al sector docente, que es el gremio que debe lidiar día a día con las imperfecciones de un tejido social descompuesto. Hasta hay casos donde se les responsabiliza de esos males sociales, lo que no es congruente con los derechos laborales.
Por otra parte, es importante tomar en cuenta que el sistema educativo sobre el cual recae la responsabilidad de conducir a nuestra niñez, juventud y adolescencia se vuelve hasta cierto punto vulnerable, al convertirse en un sujeto activo de dicho cuerpo normativo por tener el sector docente, en particular, un contacto directo en el día a día, desde nuestro sistema educativo, con la población escolar de los diferentes niveles, y es a quienes en gran medida, por un error de interpretación de dicha ley, tratan de pasarles factura ante cualquier eventualidad que se presente. Estoy claro, como dije al inicio del presente artículo, que se debe erradicar desde cualquier ángulo la violación a los derechos de nuestra niñez, sin que eso convierta a algunos directores de centros escolares o mandos intermedios en violentadores de los derechos laborales de quienes sostienen sobre sus hombros el millón y medio que forman el universo de nuestros estudiantes.
Es importante también valorar que en el caso de niños y adolescentes en conflicto con nuestro sistema jurídico no sean enviados a cumplir las medidas sustitutivas a los centros escolares, pues en términos de seguridad pueden convertirse en los nuevos líderes de grupos al margen de la ley, reconociendo que su proceso de socialización primario se ve afectado de origen y que los factores criminógenos requieren de tratamientos especializados para su resocialización, lo cual no se logra con la sola presencia en centros escolares. Ojalá los señores jueces de menores retomen este insumo y al menos lo valoren.
La Ley Crecer Juntos es un excelente aporte y salto cuanticualitativo para buscar reivindicar los derechos de nuestra niñez, y que en el paso del tiempo podamos convertir a nuestro país en un polo de desarrollo, donde las nuevas generaciones que ahora están en formación sean los portadores y los conductores de un país diferente, basado en una pedagogía para la paz, la seguridad y el pleno desarrollo económico.