Recientemente vivenciamos la problemática interna del vecino país de Guatemala, donde, derivado de un proceso electoral, la población se volcó a las calles a protestar, provocando el cierre de calles y accesos principales. Nuestro país y nuestra gente se vio afectada, pues Guatemala es nuestro proveedor tradicional de verduras, legumbres, frutas y hortalizas. Se generó escasez y se incrementaron desproporcionadamente estos productos. Me decía un amigo comerciante que un saco o costal de papas en tiempos normales tiene un valor de $40, pero que derivado de la contingencia su valor llegó a $180. Nótese que es un incremento desmedido considerando, además, que nuestro país se encuentra inmerso en una crisis económica de escala mundial.
La Organización Mundial de la Salud define seguridad alimentaria como el derecho que tienen los pueblos a definir sus propias políticas sustentables de producción; es en ese contexto que en nuestro país se observa la necesidad de operativizar una ley de seguridad alimentaria, la cual existe, pero aún hace falta dar pasos en firme a efecto de que se pueda volver un país híbrido en el sentido de que se definan áreas de producción industrial y de tecnología, pero que además se definan las áreas de producción agrícolas, las cuales existen, pero que derivado del fenómeno relacionado con la migración hacia Estados Unidos, y ahora hacia otros países, se encuentran en condición de abandono pues la población que las hacía producir envejeció, se fue a radicar al exterior o simplemente ahora se dedica únicamente a cobrar remesas. Se proyecta que para finales de 2023 haya un incremento de remesas que superará los $8,000 millones.
Recientemente escuché el planteamiento de un representante del sector agropecuario de nuestro país que manifestaba que la poca producción se debe a que las nuevas generaciones (los jóvenes) no encuentran en la agricultura un modo de solventar sus necesidades de vida material, situación que tiene en la base una verdad a medias, pues la gran mayoría de los jóvenes ahora son sujetos tanto de la migración interna y migración externa. La primera alude a jóvenes que se trasladan a las zonas urbanas con motivos puramente académicos o laborales, otros porque —producto de ser receptores de remesas— simplemente llegan a comprar casas y residir en ellas en zonas urbanas, obviamente estas personas dejan de trabajar la tierra; en el segundo caso, o sea la migración externa, se puede analizar una fuga masiva de padres de familia que migraron principalmente hacia Estados Unidos y posteriormente —haciendo uso de viajes irregulares (por medio de coyotes)— se llevaron a sus hijos y esposas y dejaron las tierras de vocación agrícola en el abandono. Este tipo de migración también fue alentada por el acoso de las pandillas hacia los jóvenes de las zonas rurales, y quienes para no verse involucrados con estos grupos decidieron mejor irse del país.
El fenómeno es complejo, pero las propuestas deben ir encaminadas a que, si de verdad queremos garantizar la seguridad alimentaria para nuestra gente, se debe desde ya preparar el andamiaje jurídico desde la Asamblea Legislativa. Se debe tener una base de datos de las tierras de vocación agrícola que no están siendo utilizadas; en un segundo momento, proponer a sus propietarios una especie de arrendamiento de las tierras al Gobierno para que las pueda trabajar con gente que él mismo contrate (véase la experiencia de las granjas penitenciarias) que podría incluso ser personas privadas de libertad o capacitar a gente desempleada, las cuales podrían encontrar en ello una forma de ganarse la vida; y un tercer momento, en el caso de gente que no usa las tierras y que además no quiera que el Gobierno la haga producir, pues simplemente por considerar que la tierra y el agua son de beneficio colectivo, el Gobierno las retome y las haga producir (no hago alusión a la figura de la expropiación).
Puedo garantizar que de esta manera nuestro país podrá volverse autosostenible y además autosustentable en términos de garantizar nuestra alimentación y, por ende, protegerá en gran medida las economías familiares.