El Plan Control Territorial que lanzó el presidente Nayib Bukele al inicio de su mandato fue la respuesta directa y contundente al problema de las maras que se gestó en el primer gobierno de ARENA y que creció y fue alentado sucesivamente por el FMLN, sus sucesores en el Ejecutivo y aliados políticos.
Las pandillas llegaron a convertirse en socios de la vieja clase política, con la que pactaron treguas a cambio de apoyo en las elecciones. Negociaron la vida de millares de ciudadanos a cambio de continuar en el poder. Las sentidas demandas de justicia y seguridad del pueblo fueron ignoradas y se privilegió el acuerdo político y los negocios (como la floreciente industria de seguridad privada, con empresas fundadas por políticos y allegados).
Fue por esta razón que la vieja Asamblea Legislativa, dominada por ARENA-FMLN y sus aliados políticos, se opuso frontalmente al Plan Control Territorial, boicoteando los sucesivos intentos de financiamiento, en un afán de proteger a las pandillas, que llegaron a convertirse en sus socios y protegidos.
El voto democrático, libre y directo del pueblo salvadoreño dio al presidente Bukele los votos necesarios para implementar de forma integral el Plan Control Territorial, el cual fue complementado con el régimen de excepción, que permitió las herramientas legales para desarticular a las maras, enviando a prisión a más de 65,000 integrantes y colaboradores de los grupos criminales, lo que ha llevado paz y tranquilidad en todo el país.
Es esto último lo que ha provocado una visceral reacción entre los defensores de las pandillas, que han lanzado una campaña internacional para desinformar y defender a los responsables de brutales asesinatos y de sembrar el terror en todo un país.
No obstante, los verdaderos efectos de la guerra contra las pandillas son evidentes y son reconocidos plenamente por los salvadoreños y por todos los extranjeros que nos visitan, atraídos por los altos niveles de seguridad en el país.
Además de ver a los ciudadanos recuperar los espacios públicos, también vemos al Gobierno, a través de sus instituciones, tomar el control de los territorios a través de la prestación de servicios que antes estaban vedados por el terrorismo pandilleril. La Activación Territorial del Gabinete Social es una estrategia que complementa el accionar del Gabinete de Seguridad, que ha logrado extraer de las comunidades a la mayor parte de los mareros.