El Estado salvadoreño estuvo secuestrado por décadas por políticos corruptos que solo buscaban beneficios personales y la forma de saquear los fondos públicos. Desde este punto de vista, las instituciones de Gobierno (ya sea en el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, las municipalidades y cualquier otra dependencia pública) se convirtieron en un apetitoso botín por el cual la vieja clase política y sus dependientes hacían de todo, incluso traspasando los límites legales, morales y de sentido común con tal de aprovechar hasta el último centavo.
De ahí nace la vergonzosamente famosa frase que ilustra a plenitud el espíritu de pillaje que domina a la vieja clase política: «a mí no me des; a mí poneme donde hay». Por esta actitud delictiva los municipios se quedaron sin fondos para obras elementales, porque los antiguos gobernantes exigían sobornos o desviaban los recursos hacia cuentas bancarias, propias o de testaferros. La corrupción también echó raíces y muchos de los empleados de esos alcaldes trabajaban para mafias que se quedaban con los fondos públicos y pagaban el silencio cómplice de las autoridades.
Con ese esquema de expolio se multiplicaron las plazas de activistas en los gobiernos locales, otorgadas como dádivas para aquellos que «sudaron la camiseta» en la campaña, como premio por sus servicios, sin tomar en cuenta si estaban o no calificados para el cargo. Al contrario, esos nombramientos eran solo una forma de mantener bajo raya el clientelismo en los partidos políticos, que empezó a hacer aguas cuando los ciudadanos dejaron de votar por estas organizaciones corruptas.
No es de extrañar, pues, que tanto ARENA como el FMLN salgan en defensa de mantener 262 oportunidades para robar en lugar de 44 municipios en los que se atiendan las necesidades ciudadanas a través de un Gobierno eficiente (sin ningún tipo de grasa administrativa ni puestos por compadrazgo) y fuertemente auditado tanto por la población como por las instituciones contraloras.
El ministro de Hacienda calcula que la reducción de alcaldes y diputados le ahorrará $250 millones al Estado cada año, por lo que se entiende que, aunque no gobiernen muchas alcaldías, ARENA y el FMLN lamentan que ya no tendrán acceso a un porcentaje de esos fondos, que ahora servirán para impulsar el desarrollo y las obras sociales en el país.
El pueblo salvadoreño ha elegido el camino de las transformaciones, muchas de las cuales están en marcha y otras están esperando para concretarse. Lo que es una realidad ahora es que hay una firme voluntad de continuar y un fuerte rechazo a volver al pasado de corrupción.
