Nunca en la historia reciente de El Salvador se había combatido a las pandillas de una forma tan contundente y potente como lo está haciendo ahora el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
En las administraciones de ARENA y del FMLN, de hecho, las pandillas tuvieron su época dorada, su tiempo para crecer y fortalecerse, para convertirse en las organizaciones criminales con tentáculos en varios países.
Los gobiernos del FMLN pactaron abiertamente con las pandillas para fingir que cesaban con los homicidios, aunque en esos momentos los pandilleros desaparecían a sus víctimas y enterraban los cuerpos en cementerios clandestinos.
Los funcionarios de ARENA y del FMLN se reunieron con pandilleros para entregarles dinero a cambio de apoyo político, como quedó en evidencia las negociaciones de Ernesto Muyshondt y de Norman Quijano con criminales.
Ahora, en cambio, no hay punto de comparación. Más de 45,000 arrestos de pandilleros y colaboradores han significado el mayor golpe que estas estructuras delincuenciales han recibido desde que surgieron bajo la protección y bendición de la alianza ARENA-FMLN.
El régimen de excepción ha facultado legalmente a las autoridades de seguridad pública y a las Fuerzas Armadas a desplegarse por todo el territorio para capturar a los integrantes de las redes pandilleriles.
En un intento por escapar del reforzado brazo de la justicia, los pandilleros han intentado escapar del país, como todos los criminales que tienen deudas pendientes, o han tratado de montar campamentos en zonas rurales y boscosas, al estilo de la guerrilla del FMLN.
De acuerdo con la Fuerza Armada, más de 150 campamentos de pandilleros han sido desmantelados. Criminales que se escondían en ellos han sido detenidos y se ha decomisado armas de grueso calibre, municiones, dinero producto de las extorsiones y drogas.
En general, este Gobierno ha decomisado más de $1.5 millones en propiedades, dinero en efectivo y vehículos a los pandilleros en lo que va del régimen de excepción. Es decir, mientras este Gobierno recupera para el Estado lo que los delincuentes han acumulado de sus actividades ilícitas, ARENA y el FMLN entregaban fondos públicos en un intento de comprar una falsa paz.
La oposición y sus órganos de propaganda tratan de desvirtuar la efectividad del Plan Control Territorial y del régimen de excepción poniendo a los pandilleros como víctimas de abusos, sin tomar en cuenta que, gracias a que ahora están en prisión, los ciudadanos viven ahora en tranquilidad, seguros de que ningún pandillero abusará de ellos o de sus familias.