La estampida de aficionados que se cobró la vida de al menos 12 personas la noche del sábado en el estadio Cuscatlán revela la mala actuación de los organizadores de un importante partido en la Liga Mayor de Fútbol de El Salvador.
Primeras investigaciones apuntan a una sobreventa de boletos y a la venta de boletos falsos, además de la falta de previsión de los organizadores, tanto de las directivas de los clubes que se enfrentaban en un duelo decisivo para pase a semifinales como del propietario del escenario deportivo, sabiendo que para muchos se trataba de una «final adelantada».
El fútbol sigue moviendo multitudes, y aquellos que se lucran de esta actividad han demostrado no tener la mínima consideración por la vida humana, haciendo prevalecer sus intereses económicos. El Instituto Nacional de los Deportes (Indes) ha hecho muy bien en anunciar que suspende su contrato de patrocinio a la primera división a consecuencia de esta tragedia ocurrida en el estadio Cuscatlán.
El presidente Nayib Bukele encomendó a la Policía Nacional civil apoyar a la Fiscalía General de la República para una exhaustiva investigación que logre llevar a los culpables de esta masacre ante la justicia. «Sean quienes sean los culpables, no quedarán en la impunidad», manifestó el mandatario.
El Gobierno, a través del Indes, ha anunciado apoyo para las familias de los fallecidos, mientras que los lesionados están siendo atendidos en la red pública de hospitales y en el Seguro Social.
No obstante, preocupa la actitud de los organizadores, tanto de la empresa dueña del estadio como de las directivas de los equipos que se enfrentaron, porque permitieron que la situación llegara hasta este punto, con una falta de control en la emisión de boletos y de un nulo manejo de las personas que iban a ingresar.
La investigación que harán la PNC y la Fiscalía demostrará el grado de complicidad criminal que había entre los organizadores, porque no se trata de solo salir a lamentarse de «la página más negra del deporte nacional», sino de castigar a los culpables y corregir de tajo estructuras corruptas y decadentes.
La mejor forma de demostrar solidaridad con las víctimas y sus familias es exigir pronta y cumplida justicia, así como impedir todo esfuerzo deliberado para atrasar y empantanar las investigaciones con tecnicismos.
Además, como sociedad debemos demandar cambios que impidan que otra tragedia como esta vuelva a suceder.
